No sólo de inmigración va a vivir el PP de cara a las elecciones catalanas del 28 de noviembre. Su candidata, Alicia Sánchez-Camacho, también va a tirar de la supuesta discriminación del castellano en Catalunya para intentar mejorar sus expectativas y convertir a los conservadores en fuerza política 'decisiva'. Ayer, el PP anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) dos leyes aprobadas en esta legislatura por el Parlament y que, entre sus objetivos, tienen el de preservar los derechos de los catalanohablantes: la Ley del Cine y la del Código de Consumo.

El PP ya explicó en verano que tenía pensado impugnar esas dos leyes. Pero la necesidad de impedir que formaciones como Ciudadanos o UPyD le coman el terreno por el flanco españolista, cuando Sánchez-Camacho se está insinuado como socia de futuro del PSC o de CiU, les ha obligado a dar un paso al frente y a incluir el tema en campaña.

Camacho busca impedir que otro partido españolista le coma el terreno

El objetivo de los conservadores es que el alto tribunal, que en junio cercenó el Estatut también en el capítulo de la lengua al afirmar que el catalán no podía ser 'preferente' en la Administración o tener igual rango que el castellano, evite que se 'vulnere el derecho de los catalanes a usar el castellano en libertad'.

Cuando salió la sentencia, Sánchez-Camacho ya pidió que algunas leyes se adaptaran al criterio del Constitucional. Pero el Tripartito ha hecho caso omiso. Por eso ahora recurren al tribunal para dirimir si esas leyes son constitucionales tras la nueva realidad derivada de la sentencia del Estatut.

El PP se apoya en el fallo del Estatut, que limitó la protección a la lengua catalana

La candidata del PP aseguró que recurrir a esta institución del Estado es la 'única vía' frente a la 'radicalidad' que emana de ambas leyes. La Ley del Cine se aprobó en el Parlament la semana que el TC emitió la sentencia del Estatut. La del Código de Consumo, a finales de julio. Ambas surgen de consejerías de Esquerra.

La Ley del Cine, que ordena el sector en Catalunya y establece vías para fomentar las producciones independientes, determina que en un plazo máximo de siete años el 50% de películas exhibidas sean dobladas o subtituladas en catalán. La patronal del sector organizó el cierre de un día como protesta contra las 'cuotas'. En la actualidad, sólo el 3% de películas dobladas que se exhiben en Catalunya son en la lengua propia, desproporción que la norma votada por el Tripartito y CiU pretende corregir.

El Código de Consumo, que tiene como objetivo proteger al comprador ante las grandes empresas y favorecer el pequeñocomercio urbano, ampara también el derecho de los ciudadanos a dirigirse y ser atendidos en catalán. En su apartado de derechos lingüísticos, la ley afirma que se deben redactar al menos en catalán las publicidades, manuales de uso, datos de salud y seguridad o las facturas. La norma se aprobó con los votos del Tripartito y la abstención de CiU. El PP la llevó al Consell de Garanties Estatutàries, pero este órgano jurídico consultivo dictaminó por unanimidad que el proyecto se ajustaba al marco legal.

Camacho garantizó que 'no habrá ni una multa lingüística' en la próxima legislatura, como algunas de las que se han impuesto por no cumplir este tipo de leyes, si del PP depende. La candidata aseguró que dichas leyes 'no garantizan la igualdad entre ambas lenguas'.

La secretaria del Govern y responsable de Desarrollo Autonómico del PSC, Laia Bonet, lamentó que el PP 'quiera ganar en los tribunales lo perdido en las urnas', y en la misma línea, Dolors Camats, de ICV, tildó al PP de 'insumiso al Estatut y su despliegue'.

Hace unas semanas, el TC ya admitió a trámite un recurso de la Defensora del Pueblo contra la Ley de Acogida a los inmigrantes que, también promovida por una conselleria de ERC, establece el catalán como lengua de integración de la nueva ciudadanía catalana.

El PP sigue la estela de Ciudadanos. La formación españolista, que sólo obtuvo tres diputados en las últimas elecciones catalanas y que ha sufrido varias escisiones en los últimos tiempos, ha presentado escritos ante la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, de ideología conservadora, para que recurra la Ley del Cine y la del Código de Consumo. Ciudadanos no puede presentar recurso al TC, puesto que no está facultado para ello. Es un derecho reservado al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados del Congreso, 50 senadores y los gobiernos y parlamentos autonómicos. El PP sí tiene capacidad para hacerlo. De hecho, hace unos días ya anunció que recurriría otra ley catalana en el TC, en este caso la que prohibe las corridas de toros a partir de 2012.