Publicado: 31.10.2011 08:00 |Actualizado: 31.10.2011 08:00

El PP plantea reducir impuestos sin concretar los ajustes

Propone rebajas fiscales a las rentas del capital y a la compra de vivienda. Promete no negociar con ETA, pero no aclara qué haría con los presos. En la reforma del aborto no detalla qué hará con la ley de plazos

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El líder del PP, Mariano Rajoy, siempre se ha definido como un hombre previsible y ayer volvió a demostrar que lo es lanzando un avance de su programa electoral en el que se puede comprobar cómo huye de la polémica.

A 21 días de las elecciones generales y a cuatro del arranque de la campaña, el PP decidió dar a conocer, por fin, un resumen de sus propuestas. La mayoría son ya conocidas por el electorado porque sus dirigentes las han ido anunciando durante estos últimos meses en algunos actos y foros sectoriales.

Durante el día de hoy y en el transcurso del Comité Ejecutivo del PP en Santiago de Compostela se aprobará el programa completo con el que el candidato conservador se presenta el 20-N. Sus colaboradores cuentan que se ha reservado alguna medida para exponerla durante la reunión, ya que ha hecho desplazarse a buena parte del partido y de los medios de comunicación hasta Galicia. Él ha aprovechado que pasaba el puente en su tierra para responder, de paso, a algunos de sus compromisos de precampaña.

A la espera de que el martes el texto se cuelgue en la página web del PP y se conozca en detalle el segundo aplazamiento que se realiza, porque ya se debería haber sabido cuál es la letra pequeña desde la Convención Nacional de Málaga, se puede observar que en el avance no hay medidas estrella o impactantes. Y llama la atención que muchos de los asuntos se resuelvan con generalidades. Como por ejemplo el tema del aborto. En el PP hay un sector, el más vinculado a la Iglesia, que pide la derogación de la actual ley y ni siquiera contempla que se vuelva a la de 1985.

De eso no se habla en el documento. No hay compromiso claro. Sólo se puede leer: "Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores". Todo apunta a una modificación. Rajoy no quiere que las menores de 16 puedan abortar sin el consentimiento paternal, pero ni siquiera eso lo ha incluido en ese punto de forma explícita.

Lo más destacable del documento es su intención de "modernizar" el impuesto sobre la renta con el objetivo de favorecer el ahorro, la inversión y el empleo: "Fomentaremos fiscalmente el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción en el IRPF", se indica. Aunque se recupera la deducción por adquisición de vivienda, se habla de mejorar la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones y de ventajas para las familias numerosas, no se debe olvidar que con ello al final se contribuye a favorecer a las rentas más altas.

En cada enunciado se han cuidado mucho las palabras para no molestar ni dentro ni fuera de casa. Desde el Comité de Dirección del PP no se quiere dar munición a la izquierda, pero tampoco se desea soliviantar al ala dura de su partido. Así ha despachado también la posición sobre el final de ETA.

La nueva negociación colectiva facilitaría que los empresarios bajasen los salarios

"No negociaremos con terroristas ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese. Este será un principio básico de seguridad del Estado", se advierte en el texto. Un día después de la manifestación de víctimas, a la que Rajoy no asistió, los conservadores prometen "promover su reconocimiento y memoria" y "apoyar las iniciativas de la sociedad civil en este sentido".

A la marcha, en la que se defendió que el comunicado de la organización terrorista era "un apaño" de ETA con el Gobierno socialista, acudió el portavoz del PP en Europa, Jaime Mayor Oreja, además de una amplia representación de los conservadores madrileños, entre ellos alguien del círculo íntimo de Rajoy como es Miguel Arias Cañete. Rajoy, como ha hecho durante toda esta legislatura, excusó su asistencia yendo a una comida mitin en A Coruña y en ningún momento desautorizó a su compañero, manteniendo de ese modo su doble discurso en este terreno.

El compromiso del PP puede sonar tajante pero deja muchos flecos pendientes. La derecha no concreta en ningún momento qué hará con la política penitenciaria y si facilitará o no el acercamiento de presos, para lo cual no hay que tocar la ley. Tampoco se arriesga a mencionar la ilegalización de candidaturas de la izquierda abertzale, consciente de que, si llega a la Moncloa, tendrá que gestionar el final de la banda.

El programa habla de reformar el mercado laboral sin ninguna propuesta

Pero a lo que más importancia concede el PP es a la economía y al empleo. En la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, Rajoy quiso centrarse en ello y parece que ahora repetirá estrategia. La mayor parte de lo anunciado ayer en esta materia ya estaba incluido en las enmiendas a la reforma laboral y las del debate sobre el estado de la nación. La reforma laboral es prioritaria para Rajoy. Pero poco se concreta en este documento. "Simplificaremos la tipología de contratos laborales", se señala sin mojarse mucho en la principal demanda de la patronal, un contrato único.

Tampoco va más allá con las pensiones. Afirma que está "comprometido con el mantenimiento de su poder adquisitivo", pero no dice si para el año que viene revocará la decisión del PSOE cambiando los Presupuestos. Y simplemente para lograr una mayor transparencia aboga por "reforzar la información con un informe anual y personalizado".

En el PP apuntan que otra de las novedades es la referente a la política de vivienda. Explican que su intención es "reformar la Ley Concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable". Con ello se hace un guiño al Movimiento 15-M y su reivindicación de la dación en pago, si bien esta poco tiene que ver con la propuesta del PP.

Toma como modelo los recortes hechos en las autonomías a las que llegó el 22-M

Los conservadores también prometen reforzar las "responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria", pero tampoco se adentran en cómo lo exigirán y hay que recordar que si Rajoy gobierna tendrá que pedir cuentas a 11 comunidades que, desde el pasado 22-M, están en manos de sus barones.

Lo que no se sabe es cómo Rajoy cumpliría el déficit del 4,4% en 2012 si gana. El PP habla de incentivos fiscales para pymes y sigue manteniendo su idea de no subir impuestos. Los asesores económicos del líder del PP aseguran que el tijeretazo tendrá que rondar los 40.000 millones de euros. Cuando habla de recortes, sólo se refiere a los que se pueden emprender dentro de las administraciones públicas. "Suprimiremos todos aquellos entes que no respondan a una racionalidad económica o administrativa, supongan merma de transparencia o de garantías jurídicas o cuya actividad pueda ser realizada por la Administración con sus actuales medios", se destaca. El programa no hace alusión al empleo que se destruiría con estos recortes.

El texto pasa de puntillas por la corrupción y la transparencia

Suprimir el canon digital, promover la incorporación de jóvenes al campo, la implantación de un bono de formación, poner en marcha un nuevo modelo de selección de carácter nacional para el acceso a la profesión docente, un plan de seguridad rural o fomentar la agrupación voluntaria de municipios son, según la derecha, algunos de los apartados a tener en cuenta.

Lo que los conservadores no han incluido en este repaso son medidas para combatir la corrupción y evitar que no se repitan escándalos como el caso Gürtel. Lo único que resalta es su intención de "homogeneizar la fijación de las retribuciones de los cargos electos locales, teniendo en cuenta la dimensión de los municipios, las circunstancias socioeconómicas del entorno y los recursos económicos administrados". Y, por otro lado, sostienen que exigirán que los presupuestos de todas las administraciones distingan gastos de servicios públicos básicos de los que no lo son para que los ciudadanos sepan a qué se destinan los recursos.