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El PP valenciano se jacta de que ni Camps se irá ni Rajoy se lo pedirá

El presidente de los conservadores calla por cuarto día consecutivo sobre la situación judicial del president

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Lunes, 18 de julio. Ayer se cumplió el cuarto día de silencio de Mariano Rajoy desde que el pasado viernes el juez José Flors decidiera la apertura del juicio oral por el caso de los trajes, que llevará al banquillo al presidente de la Generalitat Valenciana. El líder del PP, que presidió un acto de partido en Pontevedra, optó, por segundo día consecutivo, por huir de la prensa para evitar pronunciarse sobre la situación judicial de Francisco Camps.

Quienes sí hablaron fueron los conservadores valencianos, que ya el mismo viernes reaccionaron al unísono en defensa del president. Ayer le tocó el turno a Antonio Clemente, secretario general de la formación. Su mensaje tuvo una doble vertiente. La primera, de advertencia, al asegurar que Camps no se ha planteado abandonar. Y la segunda, de desafío a Rajoy, al mostrarse convencido de que este no iba a solicitar al líder del PP valenciano que renunciase.

En el transcurso de una entrevista en Punto Radio, reproducida por la agencia Efe, Antonio Clemente contestó con un rotundo “no va a ocurrir eso” a la pregunta de si Rajoy pedirá al mandatario autonómico su dimisión. Clemente añadió que Camps “no se ha planteado” abandonar su cargo.

El secretario general de los conservadores valencianos afirmó que el partido apoya al presidente “en todas sus decisiones”. “Estamos absolutamente convencidos de que es una persona honrada”, apostilló. Clemente quitó importancia al delito de cohecho por el que el president está imputado y se mostró convencido de que los valencianos “no entienden que a un presidente, por una figura bastante discutible como es el cohecho impropio, se le pueda buscar una responsabilidad política”.

El dirigente conservador presentó la victoria electoral del 22-M como la prueba de que a los votantes no les preo-cupa la presunta corrupción. Del éxito en los comicios dedujo que, “a los ojos de los valencianos”, este asunto “no tiene mucho peso específico”.

Clemente calificó de “lamentable el juicio mediático paralelo que se está produciendo durante los dos últimos años y medio”.

El número dos del PP valenciano dejó abierta la puerta a que el president acepte pagar una multa para evitar el juicio. Para alcanzar este escenario, las defensas habrían de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que pide 41.250 euros de multa, y el PSOE valenciano, que ejerce como acusación popular y pide 49.500 euros. Camps lograría evitar la vista oral, pero la maniobra supondría aceptar la condición de delincuente y acarrearía también el reconocimiento de que mintió cuando afirmó que él no ha tenido relación con la trama Gürtel ni recibió trajes como regalo. “Respetaremos cualquier decisión que él tome”, opinó Clemente.

Mientras, Rajoy siguió sin rendir cuentas. Y sumó ayer su cuarto día sin pronunciarse sobre el auto del juez Flors. El presidente de los conservadores, que clausuró en Pontevedra la primera reunión de los 32 presidentes de diputaciones, consells y cabildos del PP, electos el pasado 22-M, volvió a rehuir a la prensa al acceder al museo provincial donde se celebraba el acto por una entrada lateral. Al término de la reunión, abandonó las dependencias por un ascensor, sin hacer declaraciones, rodeado por sus colaboradores y por el personal de seguridad.

El presidente del PP evitaba de este modo, por segundo día consecutivo, encontrarse con los informadores, tal y como había hecho el domingo en Santiago. En concreto, durante un encuentro con candidatos municipales y alcaldes del PP de Galicia, Rajoy eludió referirse al acusado Camps y no permitió que los periodistas le formularan preguntas. Por ello, ayer, quizás para evitar verse de frente con los medios de comunicación que aguardaban su llegada, se coló en el recinto por la parte de servicio del edificio, en cuyo interior se encontraban los presidentes de los organismos provinciales que dirige el PP.

La jugada protagonizada por Rajoy no impidió en cambio que un grupo de indignados, que se habían dado cita a las puertas de la Diputación, le dedicara una estruendosa pitada. “¡Rajoy, da la cara!”, gritaron una y otra vez entre pancartas con leyendas como “Yo quiero un enchufe”. Tampoco el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que sí empleó la entrada principal del edificio, se libró de los abucheos.

Tras la reunión, celebrada a puerta cerrada, el líder del PP clausuró el acto dando su opinión sobre lo que “sucede en España”. “El Gobierno de España está complicando las cosas más de lo que ya están; es un Gobierno provisional que no está en condiciones de generar confianza”, opinó. “Lo digo porque es mi obligación”, se justificó a continuación. Se refirió además al déficit y al endeudamiento público del Estado, un panorama poco halagüeño que atribuyó al Ejecutivo por “no haber hecho los deberes”. “Se ha gastado más de lo que se debía y, cuando las cosas se hacen mal, se pagan”, dijo. “El problema no es España, porque en este país, cuando se dan las condiciones, se puede crear empleo, por eso, lo que necesitamos es un Gobierno competente, que mire al futuro y que tenga visión de lo que pasa en el mundo. Sólo entonces nos encontraremos donde nos corresponde, entre los mejores”, vaticinó.

Pero ni una sola mención al auto del Tribunal Superior del País Valencià ni a la delicada situación en que queda Francisco Camps. Y todo ello pese a que el auto del juez Flors, que convierte en acusado al president valenciano, da al traste con la explicación ofrecida por el PP hasta la fecha para quitar importancia a las imputaciones que pesaban sobre él. El juez estima que los regalos recibidos por el president tienen una vinculación directa con los contratos públicos que la Generalitat otorgó a la trama Gürtel, porque estos agasajos “pueden ser de una influencia determinante”. El mismo texto judicial refleja que sólo la firma Orange Market obtuvo en el País Valencià contratos por 6,9 millones. Sobre todo ello Rajoy sigue guardando silencio.

Tanto Rajoy como Núñez Feijóo trataron ayer de zanjar el debate sobre el papel de las diputaciones y realizaron una férrea defensa de los organismos provinciales. “Hay que definir bien sus objetivos. Hacer más con menos y no iniciar debates sin saber cómo finalizarlos”, criticó Feijóo. “El mejor modo de hacer útil una institución es gobernándola bien”, apuntó el presidente gallego, que reclamó que “ayuntamientos y diputaciones se coordinen para generar ahorro” y para no crear duplicidades. “Una competencia por administración”, dijo.

Por su parte, Rajoy redundó en esta línea y señaló que, “para salir de la crisis”, es necesario cambiar la forma de “hacer política”. Para ello, los conservadores se comprometen a actuar con “austeridad, transparencia, apoyar la creación de empleo y garantizar las políticas sociales”. En sus orígenes políticos, el líder del PP presidió una Diputación. Concretamente, la de Pontevedra, entre 1986 y 1991.