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La prensa también quiere hacer memoria

CiU propone en el Congreso que se compense a los medios expoliados por el franquismo

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El Congreso debatirá esta semana una iniciativa de CiU con la que este grupo pretende conseguir la restitución o compensación a los periodistas y las empresas editoras perjudicadas por la incautación de bienes y derechos vinculados a los medios de comunicación durante el franquismo.

El Heraldo de Madrid , El Liberal, El Defensor o La Moda práctica son algunas de las cabeceras de la Sociedad Editora Universal que durante la posguerra experimentaron el decomiso de su maquinaria, su material y sus enseres y que el grupo catalán pone como ejemplo de las prácticas llevadas a cabo en la Dictadura.

La proposición no de ley del grupo catalán, que se discutirá el miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso, emplaza al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses, un informe que contenga el censo de los medios periodísticos cuyos bienes fueron incautados en base a una ley aprobada el 13 julio de 1940.

Propone CiU que, una vez culminado este censo, se restituya a los perjudicados, o a sus herederos, el importe de los bienes de los que fueron desprovistos, actualizando las cantidades en razón del tiempo transcurrido.

Los nacionalistas catalanes recuerdan que tanto durante la Guerra Civil como a su término se produjeron incautaciones que afectaron a publicaciones de todos los partidos políticos, asociaciones sindicales y empresas periodísticas.

Acabada la guerra, los editores considerados por los vencedores como afines al Movimiento Nacional recuperaron sus bienes, mientras que quedaron definitivamente expoliadas aquellas cabeceras que habían tenido una trayectoria democrática y liberal.

'También resultaron víctimas de la expoliación los periodistas y trabajadores de las empresas editoriales, a los que no sólo no les fueron respetados sus derechos laborales, sino que muchos de ellos fueron perseguidos y privados del ejercicio de la profesión bajo la simple acusación de sus anteriores vínculos', remarca la proposición.

Además, CiU hace hincapié en que en la etapa democrática tampoco se ha dado solución a las reclamaciones de estas empresas pese a la aprobación en 2007 de la llamada 'Ley de Memoria Histórica'.

Precisamente, la misma Comisión Constitucional debatirá en la sesión del miércoles otra proposición no de ley relativa a esta norma, en la que se insta al Gobierno a fijar un plazo máximo de un año para la retirada de los símbolos franquistas que todavía quedan en dependencias de la Administración y en los entes públicos.

Promovida por el diputado de ICV Joan Herrera, la iniciativa recuerda que aunque han transcurrido 30 años de democracia aún existen 'numerosos símbolos y menciones franquistas en edificios públicos de titularidad estatal', y ello cuando la Ley de Memoria Histórica obligaba a la Administración a retirarlos.

Como muestra, en la propuesta tramitada por el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV se recuerda el águila franquista de gran tamaño que preside la sede de la Capitanía General situada en Barcelona, elemento que 'de acuerdo con la ley debería ser retirado cuanto antes', apuntan sus autores.