ALICANTE.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este jueves que el sueldo del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, recibirá 90.000 euros brutos anuales, 20.000 más que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Además, en total, 19 diputados provinciales cobrarán más que el jefe del Consell, un hecho criticado por el grupo Compromís, que ha pedido una rebaja del 15 por ciento en los salarios. De esta manera el secretario de Estado ha asegurado que lo que hace el presidente de la Diputación de Alicante "se atiene estricta y exactamente a la legalidad".

Los cargos locales tienen establecida su retribución a través de los Presupuestos Generales del Estado y ha destacado que "se objetivó una norma donde se establecían los sueldos que tenían que tener los presidentes de diputaciones, alcaldes, concejales y todos los que trabajan en el mundo local".

En cuanto a la reunión que pedía el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, de las tres diputaciones provinciales y la Generalitat para coordinar las políticas y sueldos, Sánchez ha indicado que en el debate de investidura, donde se aprobaron los salarios, "Compromís no dijo nada de esto", en referencia a su petición de rebajar los sueldos un 15%. Así, ha insistido en que estos sueldos son "heredados de la legislatura anterior" y que los va a congelar durante cuatro años.

Asimismo, ha señalado que la normativa autonómica no está sujeta al control estatal, por lo que no pueden opinar y "pueden cobrar más o menos en función de las circunstancias de cada uno para llevar a cabo el desarrollo de su función política".

En este sentido, ha apuntado que lo que hay es "un límite máximo de lo que se puede cobrar" y que hay una horquilla establecida en función de la población que tiene el ayuntamiento o la Diputación "y no se puede es cobrar más". Se estableció que los alcaldes de las capitales de provincia mayores, Madrid y Barcelona, "no pueden cobrar más que un secretario de Estado" y, ha añadido: "de ahí para abajo se hace una escala a la baja en función de la población".

Por tanto, ha concluido, "se ha objetivado el cobro, cuántas personas pueden cobrar, que ya no son todas, y se ha limitado el número de eventuales", de manera que se ha logrado el objetivo de "ahorrar y objetivar".