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El presidente del Parlamento andaluz fichó a la empresa de su sobrino sólo 24 horas antes del arranque de la campaña del 4-D

Seis días después de que estallara la polémica, Juan Pablo Durán hace público el contrato de la campaña con la empresa madrileña El Cañonazo. El coste es 3.000 euros superior al que se admitió y los vídeos se habían diseñado antes de que se tramitase la contratación

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El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, en un acto con la consejera autonómica de Igualdad, María José Sánchez Rubio.

El contrato que el Parlamento andaluz firmó con la empresa del sobrino de su presidente, el socialista Juan Pablo Durán, contradice algunas de las explicaciones que éste ofreció cuando se destapó la polémica.

La campaña sobre el 40 aniversario del inicio del proceso autonómico andaluz costó 3.000 euros más de lo anunciado (16.996,87 euros, y no 14.000) y el contrato se firmó apenas 24 horas antes de que arrancase dicha campaña, de modo que el diseño y producción de los vídeos #orgulloandaluz en redes sociales se elaboró antes de que el Parlamento andaluz cerrase el acuerdo. En el contrato tampoco aparece la retención del crédito, algo que sí es habitual en contrataciones menores de obra.

El presidente de la Cámara se ha visto obligado a presentar el contrato de la campaña del 4-D con la empresa El Cañonazo Transmedia, después de que trascendiera que su sobrino forma parte de la plantilla. Los grupos de la oposición, principalmente Podemos y PP, le han acusado de “enchufismo y nepotismo chapucero”, además han criticado que Durán dejase en manos de una empresa de Madrid una campaña de difusión sobre la lucha por la autonomía andaluza que, dicen, está “cargada de estereotipos y tópicos sobre el andaluz”.

Durán ofreció explicaciones el mismo día que estalló la polémica (“Nadie cayó en que esto fuese relevante”, dijo sobre la vinculación de su sobrino con la empresa adjudicataria) pero pidió tiempo a la oposición para presentar los papeles del contrato. Lo ha hecho finalmente en la última reunión de la Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, donde están representados todos los grupos políticos. Las deliberaciones de esta entidad son secretas y la documentación que maneja reservada, pero la oposición ha filtrado copias del contrato y la memoria justificativa de la campaña del 4-D.

Podemos mantiene la petición de dimisión de Juan Pablo Durán, después de corroborar que el Gabinete de Presidencia apalabró los términos de la campaña, incluido el precio, con la empresa El Cañonazo, días antes de que se firmara el acuerdo. El contrato está fechado el 22 de noviembre y la campaña arrancó al día siguiente, el 23 de noviembre, y se iba a prolongar hasta el 22 de diciembre.

El primero de los vídeos #orgulloandaluz sobre el inicio de la autonomía andaluza se difundió en redes sociales el 27 de noviembre, tres días después de firmar el contrato, por lo que la oposición entiende que “la empresa empezó a hacer el vídeo sin que se hubiera tramitado el contrato”.

La polémica se hizo pública el mismo día en que el Parlamento andaluz aprobó los Presupuestos Autonómicos para 2018, empañando una jornada importante para el Gobierno de Susana Díaz. La presidenta y otros miembros de su gabinete afearon a Durán la decisión de fichar a dedo a la empresa donde trabajaba su sobrino (a muchos tampoco le gustó el contenido de los vídeos), pero dejaron claro que no había nada “ilegal”.

En efecto, el reglamento de la Cámara permite hacer contratos menores de obra, sin concurso público ni publicidad, siempre que sea por un importe inferior a 18.000 euros. Durán aseguró que la campaña del 4-D había costado 14.000 euros, aunque eludió contabilizar el IVA. Según el contrato, el importe final es de 16.996,87 euros (14.047 euros sin IVA).

La formación de Teresa Rodríguez acusa al Gabinete de la Presidencia del Parlamento de haber “maquillado” el contrato con El Cañonazo, de ahí que hayan tardado seis días en hacer público el contrato. “Ha sido una contratación de absoluto compadreo y familiaridad”, dicen, tras anunciar que pedirán que las actas de la Mesa de la Cámara sean públicas para evitar que se repitan casos como éste.