La indignación popular por las desproporcionadas cargas policiales contra los estudiantes valencianos fueron ayer más fuertes que las porras. Los antidisturbios cambiaron de actitud y vigilaron pasivamente las protestas, dirigidas contra la inusitada violencia empleada por los agentes contra los estudiantes, (ver fotogalería) muchos de ellos menores.

Al mismo tiempo, la presión popular obligó a los responsables políticos a anunciar investigaciones por las cargas de la víspera, que se saldaron con 25 estudiantes detenidos, entre ellos seis menores. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díez, que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones, admitió por la mañana en Catalunya Ràdio que pudo cometerse 'algún exceso' por parte de algún agente, aunque por la tarde rectificó y aseguró que al hablar de 'excesos' se refería 'de manera muy especial a los que cometen los radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias para hacer cosas que no deben'.

Los estudiantes enarbolaron libros en una nueva marcha

La delegada del Gobierno en el País Valencià, Paula Sánchez de León, intentó rebajar la tensión en una comparecencia en la que cambió radicalmente el tono respecto a la jornada anterior. El mismo lunes por la tarde cuando todavía los agentes perseguían y aporreaban a estudiantes por las calles la delegada arropó al jefe superior de la Policía en Valencia, Antonio Moreno, que defendió la 'proporcionalidad' de las medidas policiales. Sin embargo, ayer Sánchez de León reconoció con aire compungido que 'el tema se desmadró' y anunció un 'expediente administrativo' para investigar si hubo 'extralimitaciones' por parte de las Fuerzas de Seguridad.

La delegada anunció, además, una ronda de encuentros con 'sindicatos y asociaciones estudiantiles'. Ayer tuvo la primera reunión con la Federación Valenciana de Estudiantes. En el encuentro, la delegada prometió que no habrá más cargas policiales, según explicó tras el encuentro el representante de los alumnos, Albert Ordóñez.

Los 25 detenidos tras las cargas del lunes quedaron en libertad con cargos

Ordóñez trasladó a la delegada la principal petición de los estudiantes: su dimisión. Esta exigencia se convirtió en un clamor durante el día por parte de miles de manifestantes, asociaciones de padres y toda la oposición política. La respuesta de Sánchez de León fue: 'No es momento de dimisiones'. Mañana, la delegada se reunirá con el Defensor del Menor del País Valencià, José Cholvi, que ayer anunció que investigará los incidentes.

A pesar de estos gestos destinados a enfriar el ambiente, tanto el ministro como la delegada insistieron en la versión oficial del PP sobre las cargas policiales del lunes: la de que había 'radicales y violentos' en las marchas, en palabras de Fernández Díaz, que fueron quienes 'crearon los problemas de orden público'. 'Hubo un grupo de radicales que se aprovechó de la situación', insistió por su parte De León. Este argumento fue repetido a lo largo de la jornada por varios dirigentes conservadores, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que afirmó que hubo 'violencia' por parte de los manifestantes que provocó la actuación 'legítima' de la Policía.

Sánchez de León se niega a dimitir porque 'no es el momento'

Sin embargo, la propia delegada reconoció ayer, a preguntas de los periodistas, que no le constaba que ninguno de los 25 manifestantes detenidos ya en libertad con cargos tuvieran antecedentes que permitieran calificarles de radicales: ni posesión de armas ni pertenencia a ninguna organización violenta.

Las declaraciones de los políticos conservadores obviaron, además, la realidad de los hechos del lunes: que fue la Policía la que cargó contra los estudiantes cuando estos cortaron el tráfico de una avenida, sin que mediara una provocación previa por parte de los manifestantes. Los manifestantes fueron varios centenares, y contra ellos se movilizaron 250 agentes antidisturbios, informa Pedro Águeda. Ayer llegaron a Valencia 150 efectivos más procedentes de otras ciudades, en previsión de más incidentes.

IU, por su parte, denunció las agresiones ante la Fiscalía de Menores. Fuentes de este organismo anunciaron ayer que la denuncia se derivará a un juzgado ordinario, ya que los presuntos delitos fueron cometidos por adultos. Mientras, Jueces para la Democracia consideró necesario investigar judicialmente los 'excesos individuales' que pudieran haber cometido los agentes, pero también 'los posibles excesos por parte de cualquier persona', y destacó que es 'evidente' que existe 'una responsabilidad clara de los responsables políticos'.

Los sindicatos policiales se sumaron ayer a la petición de dimisión de Paula Sánchez de León entre duras críticas contra ella y el ministro de Interior. En un comunicado, la Confederación Española de Policía (CEP) les acusó de 'introducir sospechas sobre el trabajo de la Policía', 'escurrir el bulto' y eludir su responsabilidad en los incidentes para 'proteger su interés político'. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) les reprochó que pretendieron 'matar moscas a cañonazos'.

Tras las cargas del lunes, los estudiantes decidieron ayer interponer los libros a las porras de los agentes. Enarbolando libros al grito de 'estas son nuestras armas', miles de universitarios se concentraron al mediodía en la puerta de la Facultad de Historia y desde allí atravesaron la ciudad para reunirse con los escolares de Secundaria concentrados en la puerta del Instituto Lluís Vives, donde hace ocho días se iniciaron las protestas contra los recortes. Entre los títulos exhibidos estaba el Manifiesto comunista, con el que un chico intentaba aleccionar a un policía. 'Yo he traído uno de tapas duras, por si tengo que defenderme de la Policía', explicó una estudiante.

El comportamiento de la Policía frente a los estudiantes fue completamente diferente al del día anterior: los agentes se limitaron a cortar el tráfico al paso de los jóvenes, a pesar de que, igual que en las jornadas anteriores, estos no habían pedido la autorización preceptiva para manifestarse.

A última hora de la tarde los estudiantes acudieron a la sede del PP valenciano. Miles de personas llenaron las grandes avenidas cercanas al partido, que quedaron cortadas al tráfico. La ocupación de la vía fue pacífica y al cierre de esta edición no se habían registrado incidentes.