La decisión de María Dolores de Cospedal de que ocho hospitales de Castilla-La Mancha, la región que gobierna, pasen a ser gestionados por empresas privadas no supondrá el ahorro que pretende, más bien al contrario. La número dos del PP todavía no ha desgranado hasta qué punto privatizará la gestión de los centros, pero, en cualquier caso, la experiencia demuestra que el modelo sale, a la larga, más caro.

Cospedal quiere que los hospitales de Manzanares, Tomelloso, Villarobledo y Almansa, que ya funcionan, pasen a ser gestionados por capital privado. No ha especificado si las empresas gestionarán sólo el funcionamiento del edificio o también se encargarán de contratar y pagar al personal sanitario. Lo mismo pasa con los cuatro hospitales que están en obras los de Toledo, Cuenca, Albacete y Guadalajara, en los que las empresas privadas, además, asumirán el gasto de la construcción. A cambio, Castilla-La Mancha pagará una especie de alquiler que se prolongará a lo largo de 30 años, como ya se hace en varios hospitales del País Valencià, Madrid y Galicia.

La gestión privada casi duplica los intereses a pagar, sostiene un estudio

Los hospitales construidos y, a veces, también gestionados por la iniciativa privada (modelo de iniciativa de financiación privada o PFI), salen más caros partiendo de su propio coste financiero. Un estudio dirigido en 2008 por la profesora de Salud Pública de la Universidad de Manches-ter Jean Shaoul reveló que la Administración acaba pagando casi el doble en intereses con el citado modelo. En concreto, se analizaron los 12 primeros hospitales de gestión privada que se pusieron en marcha en Reino Unido. Mientras los intereses de la financiación de los centros netamente públicos eran del 4,5%, el interés a pagar con los hospitales PFI ascendía al 8%. 'Los costes financieros fueron mayores de lo esperado (...), de forma que el coste total de los proyectos a lo largo de 30 años tiende a ser mucho mayor que el estimado originalmente', señala la autora.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) aportó ayer un ejemplo más cercano del gasto desorbitado que supone este modelo: el caso de Madrid. Según sus estimaciones, el gasto de los siete hospitales que inauguró Esperanza Aguirre en 2008, gestionados por empresas, se ha disparado. Cuando acabe el año, la comunidad ya habrá pagado a las empresas 761,3 millones de euros, cuando su construcción costó sólo 701 millones. La deuda a saldar en los próximos 30 años asciende a 4.284 millones y las empresas ya han reclamado que se les pague 80 euros más y que la cuota anual se incremente en nueve millones. En esta misma línea, otro estudio, en este caso de los expertos en Salud Pública de las universidades de Londres y Manchester Allyson Pollock y Mark Hellowell,detallaba en 2006 cómo sólo en los tres primeros años de un hospital PFI la empresa privada asume todo el gasto. Sin embargo, a partir del cuarto año, la Administración pública empieza a compartir el coste hasta que, pasados diez años, es el erario público el que asume ya en solitario el pago del hospital. A partir de ahí, el gasto para la Administración se dispara y para la empresa todo es beneficio.

'El coste total tiende a ser mucho mayor que el inicial', dice una experta

Este estudio denuncia que la proliferación de hospitales PFI en Escocia ya había generado a la sanidad pública, hace cinco años, una deuda de 2.800 millones de euros. Los autores del estudio calcularon que en 2011 el coste anual para la Administración ascendería a unos 580 millones.

En general, decenas de estudios realizados en Reino Unido, donde nació el modelo PFI a principios de los noventa, coinciden en este diagnóstico. También denuncian que el coste del mantenimiento de los hospitales PFI nunca acaba siendo el que se pactó. La expe-riencia británica así lo evidencia. Shaoul cifra en su estudio que el gasto público en los 12 primeros hospitales que siguieron el modelo PFI en Inglaterra fue un 20% superior a lo que se había calculado.

Aguirre ha destinado en 2011 un 9,58% menos de gasto a los centros públicos

Las empresas siempre acaban alegando que las previsiones se quedaron cortas y que han tenido que incrementar sus prestaciones para demandar más dinero, destacan los expertos. Esto ha ocurrido ya en España cuando, en abril, la Asociación de Empresas Constructoras (Seopan) envió una carta al consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en que le pedían 80 millones de euros más por un 'incremento de la actividad' que había generado gastos imprevistos. Las constructoras, que forman parte de sociedades que participan del modelo PFI, advertían incluso de un 'colapso' del servicio.

La amenaza lleva a la Administración a ceder porque está en juego la salud de sus ciudadanos y ese dinero extra acaba saliendo de los hospitales 100% públicos, que pierden fondos. En el caso de Madrid, por ejemplo, el Gobierno de Aguirre ha destinado este año un 9,58% menos de dinero a estos centros que el año anterior, denuncia la FADSP.

Otro problema del modelo PFI, según el presidente de la FADSP, Manuel Martín, es que en el mismo hospital convivan médicos 'de primera y de segunda'. Muchas veces, los médicos y enfermeros que contrata la empresa no son personal estatutario y tienen un régimen laboral peor que el de quienes contrató la Administración.