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Los problemas que seguirán sin ser resueltos

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Muerte digna

La norma andaluza resuelve a diario situaciones extremas

Casos como el de Ramona Estévez no serán posibles en otras comunidades sin una ley de paliativos

OLIVIA CARBALLAR

Si Ramona Estévez, la mujer de 91 años que murió hace unos días en el hospital Blanca Paloma de Huelva tras serle retirada una sonda nasogástrica, hubiera estado ingresada fuera de Andalucía, probablemente hoy seguiría viviendo como nunca quiso vivir: en coma y alimentada artificialmente. La Ley de Muerte Digna en Andalucía, la primera aprobaba en España, resolvió esta situación después de que el médico que atendía a Ramona pusiera reparos para quitarle una sonda que podía aumentar su sufrimiento y no iba a mejorar su estado.

El de esta mujer es sólo uno de los múltiples casos –muchos de ellos extremos– que soluciona a diario la norma andaluza, una ley “más necesaria que nunca”, según la Consejería de Salud, no sólo porque garantiza el derecho a una muerte digna, sino porque además aporta seguridad jurídica a los profesionales. Es decir, evita persecuciones como las que sufrió el doctor Luis Montes en el caso de las sedacciones de Leganés (Madrid). Las querellas presentadas por un grupo provida contra la Consejería y el hospital en el caso de Ramona fueron, de hecho, archivadas de inmediato.

Sin protección para los derechos de los colectivos discriminados

Kristian, transexual, vio reducidas sus horas de trabajo cuando empezó a hormonarse

PAULA DÍAZ

Kristian Sanz llevaba trabajando con la misma empresa más de tres años. Transcurrido ese tiempo, tenían la obligación de hacerle fijo como monitor de Pilates en varios centros culturales de Torrejón de Ardoz (Madrid). Sin embargo, durante el curso 2009-2010, año en el que empezó con el proceso de hormonación necesario para adecuar su físico al resto de su ser (“yo ya nací hombre”, subraya), las cosas comenzaron a irle mal en el trabajo.

“Dos alumnas empezaron a hacerme la vida imposible: me insultaban continuamente y hasta llegaron a preguntarme si hacía esto por odio a mi madre”, recuerda Kristian, aún dolido. Después llegaron las quejas a los coordinadores, “aunque ninguna por escrito, porque sólo protestaban por la música que ponía en clase”, cuenta él.

Sin embargo, la empresa no sólo no le hizo fijo, sino que redujo sus horas. “Pasé de cobrar casi 1.500 euros a 250”, denuncia. Ahora, que está en pleno proceso judicial, cree que la Ley de Igualdad de Trato era una buena oportunidad para evitar estas situaciones pero, aun así, “abrir la mente de la gente llevará tiempo”, concluye. 

Un negocio 'hipócrita' del que diversos medios sacan tajada

SERGIO ALONSO

Las operaciones policiales han demostrado que detrás de estos anuncios se esconden las mafias 

Los anuncios de contactos reportan a algunos de los diarios que deciden incluirlos en sus páginas unos beneficios de 150.000 euros al día. A cambio de esta suma de dinero, pasan a convertirse en “cómplices” de las mafias, tal y como denuncia la presidenta de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.

Las asociaciones feministas han denunciado en multitud de ocasiones el comportamiento “hipócrita” que supone defender los derechos de la mujer en las noticias para después “vender espacios en los que se fomenta esta nueva forma de esclavitud en pleno siglo XXI”. Besteiro lamenta que aún no haya salido adelante la iniciativa del Gobierno para eliminar esta publicidad, ya que “hay pruebas suficientes que permiten relacionar estos espacios con actividades  delictivas”.

De hecho, la policia detuvo en julio de 2010, en la operación Afrodita, a 105 personas que se lucraban de la actividad de las jóvenes prostituidas. Esta red copaba prácticamente la mitad de los anuncios de contactos que aparecían en prensa.  Desde su nacimiento el diario Público no admite esta publicidad en sus páginas. 

30.000 menores siguen en centros a la espera de la ley

ALEJANDRO TORRÚS

La ley prevé la potenciación del acogimiento familiar frente al internamiento

“El problema de que no salga la ley son los niños. Cada segundo que pasa es tiempo que muchos niños siguen internos en centros de menores, en lugar de estar con familias de acogida que le den la protección y el cariño que necesita todo menor”, opina Paloma Fernández, presidenta de la asociación Aseaf (Asociación Estatal de Acogimiento Familiar). Fernández se muestra convencida de que la nueva Ley de Protección de la Infancia saldrá tarde o temprano porque así se lo prometió Juan Carlos Mato, director general de Política Social, de la Familia y de la Infancia, aunque su demora tiene un coste irreparable. “¿Quién piensa en los más de 30.000 niños internos en centros de menores?”, se pregunta.

Francisco Cárdenas, de Aprodeme (Asociación para la Defensa del Menor), añade que después de su aprobación habrá que dotar a la ley de reglamentos y presupuestos, por lo que el proceso se demoraría al menos tres años. La actual ley, según denuncian las ONG, es la única de la UE que prima el internamiento en centros de menores antes que la ayuda a la familia biológica o el acogimiento en otra familia. 

Los sin papeles tienen menos garantías que los presos

DANIEL AYLLÓN

El reglamento incompleto de Extranjería deja los CIE sin jueces de vigilancia ni acceso a las ONG

Hay pocos sitios en España en los que las ONG no pueden atender a los inmigrantes que necesitan ayuda. “Uno de estos reductos son los Centros de Internamiento para Extranjeros”, reivindica el presidente de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel. “Y seguirá así durante bastante tiempo”, teme.
La parte del reglamento de la Ley de Extranjería que falta y que tenía que regular las garantías de los internos sigue en alguna bandeja de tareas pendientes del Ministerio del Interior.

Además del acceso de ONG como Rumiñahui, Paspuel critica que el bloqueo del reglamento de Interior tiene más consecuencias. Por ejemplo: impide que los extranjeros que denuncian malos tratos (entre otros, el Defensor del Pueblo se hizo eco hace pocos años de violaciones en el CIE de Málaga) sean atendidos siempre que lo soliciten por un médico que les examine. Para Paspuel, los “aislados” brotes de racismo que protagonizan algunos policías no pueden seguir sin control. A estas reivindicaciones se suma la falta de intérpretes, de un juez de vigilancia o del acceso de los abogados a los expedientes. 

La tortura del Toro de la Vega carece de un control estatal

D.A.

El Gobierno no instará a los municipios a acabar con el maltrato

La tortura medieval a la que cientos de vecinos de Tordesillas someten cada año a un astado en el Torneo del Toro de la Vega, desde hace más de cinco siglos, seguirá sin un control directo del Gobierno. Del mismo modo que ha ocurrido este verano, las competencias transferidas a las comunidades autónomas son las que seguirán regulando el maltrato de animales en fiestas populares. El partido Equo incluirá en su programa electoral la eliminación de las subvenciones públicas y la prohibición de estos espectáculos, así como la promoción de campañas de sensibilización.

No obstante, el Gobierno asegura que el traspaso de competencias a las comunidades autónomas en materia de festejos taurinos (Catalunya prohibió las corridas de toros, mientras que Madrid las declaró Bien de Interés Cultural) deja un margen de maniobra muy pequeño al Congreso para crear una Ley de Protección Animal. Las campañas de sensibilización o la presión sobre municipios como Tordesillas seguirán sin tener un sello estatal.