Aplicado, participativo, muy integrado y enfrascado en decenas de informes y dictámenes. Así describieron ayer desde el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) la participación de Francisco Camps en su primer pleno en este órgano, el equivalente autonómico del Consejo de Estado. El expresident asesoró sobre 50 asuntos, la mayoría relativos a responsabilidad patrimonial de la Administración tales como negligencias médicas o caídas en la vía pública, según estas mismas fuentes. El pleno duró cerca de dos horas y sobre las 14.30, Camps cruzó la puerta de salida y, fiel a su estilo, regateó a los micrófonos y en dos brincos alcanzó su coche oficial. '¿Qué tal su primer día de trabajo?', 'Muy bien, gracias', contestó con una voz cada vez más débil a medida que se hundía en la profundidades del asiento trasero.

El ingreso de Camps en el CJC se produjo tras su dimisión como presidente de la Generalitat el 20 de julio. Cinco días antes había recibido la apabullante noticia de que un jurado popular lo juzgará por soborno en el denominado caso de los trajes. Está acusado de recibir obsequios de la Gürtel entre 2006 y 2009. Durante ese periodo, las empresas de la trama corrupta cosecharon numerosos contratos millonarios de la Administración valenciana.

Camps cobrará 57.586 euros anuales como miembro nato (con voz, pero sin voto) del CJC. Su nombramiento se produjo de forma automática en virtud del Estatuto de los Expresidentes. También conserva coche oficial, chófer y secretaria. Y mantiene su acta de diputado aunque ha renunciado al salario. Una duplicidad de funciones que a la oposición le parece 'insólita y escandalosa', ya que podrá votar leyes sobre cuya redacción influirá previamente en el pleno del CJC. IU solicitó ayer a Camps que abandone su escaño, 'ya que lo mantiene sólo para conservar el aforamiento y resistir mejor a sus problemas judiciales'.