En un ambiente de rabia contenida y desesperación, los representantes de los dependientes valencianos se manifestaron ante la sede autonómica del PP. En una acción ideada y publicitada con sólo unas horas de antelación, los afectados decidieron acudir al edificio de los conservadores para protestar contra las declaraciones de Mariano Rajoy del pasado miércoles en la cadena Ser, en las que afirmaba que la Ley de Dependencia no es viable y anunciaba cambios sustanciales si gana las elecciones.

Unos 40 miembros del colectivo, entre ancianos, personas en sillas de ruedas, sindicalistas y familiares de dependientes, hicieron un semicírculo en torno a la entrada del edificio. La protesta tenía un alto valor simbólico porque el País Valencià es una de las comunidades en las que la ley se aplica con más retraso desde que fue aprobada. Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Sanidad, fechados el 1 de noviembre, la tendencia no ha mejorado y la comunidad ocupa el segundo y el tercer puesto por la cola en los principales indicadores de aplicación de la norma.

Los concentrados ante el PP sentían miedo a que todos los años de espera no sirvan para nada si este partido cambia la ley. De repente, la promesa de autonomía personal que la norma supone para los más débiles quedaría, temen, en un espejismo. 'Sería retornar a las prácticas benéficas y asistenciales predemocráticas ya superadas', clamó Palmira Castellano, la portavoz del grupo, a través de un megáfono. Sería, continuó, trasladar 'la cobertura de algunas de las necesidades más básicas (...) a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía, en lugar de asumir la responsabilidad pública mediante la garantía de derechos'.

El objetivo final de la concentración era pedir al PP que firmara un decálogo que le habría comprometido a mantener la ley en todos sus términos y hacer que los plazos se cumplan. Su intento fue vano: en recepción les invitaron a depositar el documento a través de un registro de entrada porque en ese momento no había ningún político disponible para recibirlos.

Valencia no fue el único lugar de la comunidad en el que los dependientes se manifestaron. En Alicante, la concentración convocada frente a la Administración autonómica alcanzó las 200 personas. También el Consejo Nacional de Trabajadores Sociales mostró su preocupación por el futuro de los servicios sociales, precisamente ahora que más personas los demandan, y criticó que Rajoy 'reduzca la Ley de Dependencia a su viabilidad económica', informa Vanessa Pi.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Lola Johnson, se mostró de acuerdo con las palabras de Rajoy. El modelo, dijo, quizá permite 'una revisión que lo haga completamente viable'. Afirmó que su partido está 'comprometido' con esta y otras políticas sociales y achacó las deficiencias en la aplicación de la ley en territorio valenciano a los incumplimientos del Gobierno central que, aseguró, sólo aporta el 30% del dinero necesario pese a que le corresponde el 50%.

La Plataforma de Dependencia de Castilla-La Mancha no pudo salir a las calles de Toledo para protestar por los recortes en las ayudas a la dependencia anunciados por Mariano Rajoy. La Junta Electoral vetó por la mañana la protesta, que sí había autorizado la Subdelegación del Gobierno en Toledo. La plataforma recordó en un comunicado que el Gobierno castellano-manchego (PP) les acusa de actuar a instancias del PSOE. La plataforma nació en agosto después de que hubieran pasado dos meses sin cobrar la paga por la Ley de Dependencia, precisamente desde que la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, tomó las riendas de la región. Cospedal negó que su líder quiera eliminar el sistema de ayuda a la dependencia, culpó, una vez más, al Gobierno estatal del PSOE del impago y comunicó el pago del mes de septiembre.