'Ha quedado acreditado que no había una trama de financiación irregular del PP'. La frase la pronunció ayer Mariano Rajoy, mientras anunciaba que el hombre que aupó a tesorero del partido dejaba de ser militante. Y la misma idea la han repetido una y otra vez los dirigentes del PP desde el pasado martes, cuando se conoció el contenido de los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel que estaban bajo secreto. Pero la lectura de esos folios lo que demuestra es exactamente lo contrario: que la policía ha encontrado pruebas de financiación ilegal en la Comunitat Valenciana, en Madrid y en Galicia.

La forma fraudulenta de financiar las campañas electorales de Francisco Camps y Esperanza Aguirre muestra enormes similitudes: en ambos casos el dinero procedía de empresarios, en ambos casos fueron sociedades de la trama corrupta las que falsificaban las facturas para ocultar que se estaban pagando gastos del PP (Orange Market en Valencia y Special Events en Madrid) y en ambos casos los empresarios que entregaron fondos al partido recibieron después millonarias adjudicaciones de los Gobiernos autonómicos respectivos.

Fundescam pagó facturas de actos electorales de Esperanza Aguirre

Sólo existe una diferencia entre ambas organizaciones del PP: en Madrid se utilizó una fundación como intermediaria para recibir el dinero de los empresarios, mientras que en Valencia pagaron directamente las facturas que les giraba Orange Market. Un detalle irrelevante que, en todo caso, lo único que demuestra es que el partido de Camps decidió tomarse menos molestias a la hora de ocultar el origen ilegal de los fondos.

El objetivo en ambos casos era saltarse la ley, que fija a cada partido un tope de gasto en cada campaña electoral. Al falsificar las facturas, los gastos no se imputaban al PP y así el partido no superaba el límite establecido. Esas cuentas oficiales trucadas son las que analizó el Tribunal de Cuentas, que lógicamente no detectó las irregularidades.

Cinco empresarios costearon parte de la campaña de Francisco Camps

Este hecho se ha convertido en otro de los argumentos de defensa utilizado por los principales dirigentes del PP: que sus cuentas 'están auditadas' y el Tribunal de Cuentas no 'encontró irregularidades'. Claro que lo mismo ocurrió con Filesa, un caso de financiación ilegal que afectó al PSOE a principios de los años noventa. El escándalo tampoco lo detectó el Tribunal de Cuentas, ya que este sólo examina los documentos que le envían los partidos, y parece lógico concluir que si un tesorero decide montar una trama de financiación ilegal, no informa de ello a ningún tribunal.

Los datos sobre la financiación ilegal del PP en Madrid y Valencia constan en un detallado informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía, incorporado en el tomo 25 del sumario instruido por el magistrado Antonio Pedreira. En el primer caso, los documentos aparecieron en un lápiz de memoria que la trama corrupta guardaba en un 'piso de seguridad' en Madrid. En Valencia, las pruebas fueron halladas en ordenadores y documentos incautados a la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes y autodeclarado 'amiguito del alma' de Francisco Camps (ver cuadro adjunto).

En cuanto a Galicia, en el informe policial se explica que, entre abril de 1996 y septiembre de 1999, el PP autonómico liderado por Manuel Fraga abonó en negro 3,2 millones de euros. Su secretario de Organización era Pablo Crespo, ahora encarcelado.