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Sólo el PSE apoya a Garzón en Euskadi

PP y UPyD avalan su procesamiento, y los nacionalistas critican su labor como juez

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El Partido Socialista de Euskadi se quedó solo ayer en defensa del juez Baltasar Garzón en el Parlamento vasco. Los socialistas pretendían con una iniciativa que la Cámara reconociera 'la indudable trayectoria democrática' del magistrado y le mostrase por ello su 'solidaridad y apoyo' ante su procesamiento por 'investigar crímenes del franquismo'.

La propuesta fue rechazada por el PNV, el PP, Aralar, EA, UPyD y EB, la marca de IU en Euskadi. Salvo en el caso del PP y de UPyD, que avalan el procesamiento de Garzón, la razón básica del resto de grupos para oponerse a su apoyo no está relacionada precisamente con su investigación de delitos del franquismo, sino con su trayectoria como juez en causas relacionadas con Euskadi. En síntesis, los partidos nacionalistas vascos coinciden en que Garzón ha dictado autos por 'motivación política'. Se trata de casos abiertos contra la izquierda abertzale.

En cualquier caso, el parlamentario socialista Mikel Unzalu defendió, sin éxito a la postre, que 'no se puede consentir que el franquismo le meta un gol a la democracia, colándose en los tribunales y aprovechándose de las oportunidades que ofrece la democracia'. El portavoz del PP, Leopoldo Barreda, y el de UPyD, Gorka Maneiro, defendieron a continuación el procesamiento de Garzón.

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate señaló que el juez no es 'paradigma de la rectitud'. Y aunque tildó de 'escandaloso' su procesamiento por 'impulso de la extrema derecha', dijo que 'escandalosos' son también algunos de sus autos en Euskadi, informa Europa Press.

El miembro de Aralar Mikel Basabe reprochó a Garzón que haya adoptado resoluciones 'en contra del Estado de Derecho' y dudó, incluso, de sus intenciones al investigar delitos del franquismo. El parlamentario de EA, Jesús Mari Larrazabal, aseguró que Garzón 'ha hecho mucho daño y causado mucho dolor' en Euskadi. El portavoz de EB, Mikel Arana, denunció que la legislación española permite 'prolongar la impunidad' del franquismo.