Hubo un momento, cuando hace 15 días dimitieron tres de sus magistrados con el mandato caducado, que la renovación del Tribunal Constitucional parecía una decisión insoslayable para el PSOE y el PP. Pero los días han seguido pasando y el asunto sigue bloqueado, por más que el presidente del Congreso, José Bono, diera a los partidos hasta el jueves de plazo para presentar candidatos.

'El PP no está en una línea constructiva', se justifican los responsables de la negociación por parte socialista. El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, tiene previsto ponerse en comunicación con su homóloga del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, para conocer si ha habido algún cambio de actitud en la postura del PP. Pero las expectativas están bajo mínimos.

Los conservadores no van a renunciar al magistrado Enrique López

'No se ven muchas posibilidades de que esto pueda desencallar. Al PP no le interesa la renovación antes de las elecciones. Quiere esperar para hacerla después con una mayoría parlamentaria que le resulte más favorable', opinan en la dirección del PSOE. Y este argumento adquiere más fuerza al haberse decidido que la renovación del Constitucional se negocie en un paquete junto a otros órganos, como el Consejo de RTVE o el Consejo de Seguridad Nuclear.

En el PP rechazan esta idea. La derecha sostiene que los que no tienen 'ningunas ganas' de renovar el TC son los socialistas. 'A nosotros nos interesa más que a ellos', afirman. Y declaran su 'mejor disposición' para resolver este tema, pero no están dispuestos a renunciar al nombre de Enrique López, exportavoz del Consejo General del Poder Judicial. Consideran que no se puede 'comprometer a una persona y luego olvidarla'.

El PP niega, además, que esté esperando a las elecciones para que una victoria por mayoría absoluta le permita imponer un reparto favorable a sus intereses. El Congreso tiene que elegir a cuatro jueces (los tres con mandato caducado más la plaza del fallecido Roberto García-Calvo) y en el PP insisten en que el reparto será de dos progresistas y dos conservadores, 'ahora y dentro de seis meses'. En el PSOE temen un reparto de tres a uno en su contra.

El PP añade otro argumento. Con la composición actual del TC, los progresistas tienen una mayoría de seis a cinco, aunque vote con los conservadores el magistrado Manuel Aragón (nombrado por el Gobierno de Zapatero). Si el Congreso nombra a dos conservadores y dos progresistas, el nuevo reparto de fuerzas sería seis a seis (si Aragón sigue votando con la derecha). Así que, concluye el PP, el reparto actual 'conviene' al Gobierno: 'Le ha respondido con Bildu y le puede venir bien con Sortu'.