Ya siempre quedará por escrito: Esperanza Aguirre es, para los socialistas, “la máxima responsable política” de la supuesta red de espías en la Comunidad de Madrid. Para IU, la presidenta “tiene, por acción u omisión, responsabilidad en todos los hechos que afectan al Gobierno regional”.

La acusación figura en los respectivos dictámenes de conclusiones a la comisión de investigación del espionaje que ayer registraron los grupos de la Asamblea madrileña. Ambos en las antípodas del informe redactado por el PP, el que se impuso por 67 votos a favor y 53 en contra. El Ejecutivo regional, arguyen los conservadores, “ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier otra persona”.

Maru Menéndez e Inés Sabanés, portavoces de PSOE e IU, recalcaron que sus conclusiones sólo podían ser “provisionalísimas”, dada la “inadmisible intención” del PP de liquidar con la comisión. Por eso ambas exigieron que se reabriese la investigación. El portavoz del PP, David Pérez, ni lo contempló, ya que la comisión “cumplió todas las obligaciones para las que fue creada”, sin que PSOE e IU, remachó, “hayan podido probar la más mínima responsabilidad”.

Menéndez y Sabanés removieron la astilla que más duele al PP: que nadie haya oído en la Asamblea a los espiados. Sobre todo, de Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, y Alfredo Prada, consejero de Aguirre hasta que ésta le echó del Gobierno en junio de 2008 por haberse acercado a Mariano Rajoy. Ambos han dicho alto y claro que fueron “seguidos”.

La estrategia “clara” de cerrar “y pervertir” la comisión, “diseñada por la presidenta” manifiesta el “comportamiento autoinculpatorio” del PP, indicó Sabanés. Es decir, el “evidente intento de ocultar los hechos” acredita, en palabras de Menéndez, “la existencia de una o varias tramas de espionaje vinculadas con cargos políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior”, la que dirige Francisco Granados, de quien PSOE e IU volvieron a reclamar su cese.

La oposición concluye que Aguirre no tiene escapatoria. Y algo más, sugirió Menéndez: la presidenta ha logrado “engañar” a Rajoy al prometerle indagar a cambio de que el líder del PP cerrase su expediente interno. Así logró el “control absoluto” de la investigación. No le importó “vulnerar los derechos democráticos”, actitud que empuja al PSOE a acudir al Tribunal Constitucional.

Pérez vistió a la Comunidad de “víctima de una operación de acoso”. Se debe a la “deriva antisistema del PSOE”, dijo.

El PSOE gastará un último cartucho: intentará hoy que la Junta de Portavoces impida que el pleno debata mañana el dictamen. El PP, alega, no respetó los plazos ni la unanimidad de los grupos exigida para modificar el orden del día.

PP: lo dirán los tribunales

En su dictamen, el PP exculpa al Gobierno y desacredita todos los partes de seguimiento por “falsos”. Confía “en el total esclarecimiento” de unos hechos que niega “a través de las actuaciones judiciales en curso”.

PSOE: 'Pruebas irrefutables'

El PSOE apunta que las “pruebas irrefutables” de El País evidencian que hay una “trama o tramas de espionaje”, ligada a la pelea por el poder en el PP, aunque falta por saber quiénes realizaron los seguimientos.

IU: ¿qué pasa con González?

IU redacta su dictamen como los capítulos de una estrategia encaminada al carpetazo. Se pregunta qué fue del espionaje a Ignacio González. Y, como el PSOE, propone reformar las comisiones de investigación.