Publicado:  31.05.2012 11:14 | Actualizado:  31.05.2012 11:14

El PSOE finalmente se abstiene en la segunda reforma financiera del PP

Los socialistas optan por la posición menos dura después de que el Gobierno acceda a tramitar el decreto como proyecto de ley. CiU también se abstiene

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Fue la de hoy una mañana de conversaciones continuas en el Congreso, a la vista de todos y también en privado. La Cámara tenía como cometido convalidar la segunda reforma financiera del Gobierno del PP. Que salía aprobada era más que seguro, dada la mayoría absoluta de los conservadores. Pero el Ejecutivo necesitaba algo más, necesitaba trasladar a los mercados una imagen de solidez y unidad de los partidos en un momento en el que no cesan las dudas sobre la estabilidad de los bancos españoles y donde el fuego de la prima de riesgo apenas da un respiro

El ministro de Economía, Luis de Guindos, había subrayado la situación con dramatismo desde la tribuna del Congreso. El real decreto ley del Gobierno era "imprescindible" y necesitaba del "máximo consenso" para alimentar la "confianza" hacia España. Se dirigía sobre todo a la bancada socialista, que a primera hora de la mañana, cuando comenzó el pleno, no tenía decidido su voto. El sí, no obstante, ya se percibía lejano, de modo que quedaba optar entre el rechazo frontal o la abstención. Cualquiera de las dos soluciones suponía una quiebra en el consenso aquilatado entre PSOE y PP, desde los albores de la crisis, con todo lo que atañe a la reestructuración del sistema financiera. 

El PSOE se siente satisfecho de que se garantice que "ni un euro" que vaya a la banca se pierda

Al final, el PSOE se decidió por la abstención. O sea, una fisura, pero no un divorcio o una ruptura total. Lo anunció Alfredo Pérez Rubalcaba en los pasillos de la Cámara a las 14 horas, apenas media hora antes de la votación. La razón más poderosa para los socialistas es que el Gobierno, tal como prometió De Guindos desde el pleno, aceptaba tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Es decir, que el Ejecutivo admite que se tramite en el Parlamento su texto y que, por tanto, puedan introducirse enmiendas. El coste de imagen hacia fuera es relativo, porque mientras se sigue el debate en las Cortes, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo sigue en vigor.

De Guindos también se mostró dispuesto a discutir sobre el plazo que tiene el Estado para privatizar las entidades en las que se ha inyectado dinero público. El PSOE no quería que estuviera limitado a tres años y encontró hoy flexibilidad en Economía. Rubalcaba se sintió satisfecho con que se "garantice que ni euro público que se gasta en el sistema financiero deja de volver a las arcas públicas". El otro punto que ha servido para desencallar el bloqueo es que el texto considerará la situación no sólo de los bancos, sino también de las familias hipotecadas y que pueden perder su casa o las necesidades de crédito para las pymes. De Guindos se comprometió asimismo a solucionar el problema de las participaciones preferentes –"un gran engaño", las definió– y que están angustiando a los pequeños ahorradores a los que las entidades vendieron ese producto financiero. 

El PSOE había insistido en que ligaría su respaldo a la reforma bancaria al debate sobre los recortes en educación o sanidad. La propuesta era que se abordaran ambos asuntos en una conferencia de presidentes, y de hecho Rubalcaba se lo planteó a Mariano Rajoy el pasado viernes en su reunión en la Moncloa. Hoy el secretario general de los socialistas lo volvió a recordar y manifestó su "confianza" en que así será, en que en ese "espacio de diálogo" que el Ejecutivo "ha abierto", se pueda hablar "de todo".

Acabó Rubalcaba y casi al instante comenzó la votación. El decreto ley del Gobierno fue convalidado con 178 votos a favor (PP, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro), 28 en contra (IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo y Geroa Bai) y 123 abstenciones (de PSOE y CiU). El pleno apoyó por unanimidad la tramitación como proyecto de ley.

La abstención alivió a las filas socialistas, convulsas en la última semana por la reforma financiera y, sobre todo, por el caso Bankia. A la salida del pleno, los cercanos a Carme Chacón, que habían urgido a Rubalcaba a actuar con más dureza con el Gobierno respecto a la crisis de la entidad, manifestaban que se había adoptado la mejor solución, porque el voto a favor no habría sido bien acogido. "Aunque mejor nos habría ido incluso si antes hubiéramos pedido la comisión de investigación", añadían. 

Antes de la votación no estuvo claro cuál iba a ser el posicionamiento de los socialistas. Utilizaron, significativamente, el turno en contra para expresar su desacuerdo de fondo con la reforma financiera. Pero durante la intervención del exministro de Trabajo Valeriano Gómez, las negociaciones seguían produciéndose. El diputado socialista verbalizó las quejas y resistencias que seguían recorriendo a su grupo: la escasa información y poca voluntad de diálogo por parte del Gobierno y, sobre todo, la caída de Bankia, que "pasará a la historia de los desatinos" y por la que el PSOE ya ha pedido una comisión de investigación, visto el permanente bloqueo del PP a que comparezcan los gestores anteriores de la entidad y el gobernador del Banco de España. "En algún lugar tendrán que decir por qué son 23.000, por qué no 30.000 o por qué no 15.000 y cómo se ha generado este inmenso agujero, un agujero de esta magnitud en una entidad que hace 15 ó 20 años era una de las mejores entidades en cuanto a solvencia y credibilidad en el sistema financiero español", denunció Gómez. Guindos le respondió que la crisis financiera "no empezó ayer", con Bankia, sino que arrancó la pasada legislatura, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "no hizo nada", al contrario que EEUU y varios países europeos, que ya nacionalizaron buena parte de su sector bancario. 

Explicaciones por Bankia también las exigió, con un tono de extrema dureza, Rosa Díez. Pero la portavoz de UPyD, cuyo grupo votó en contra, no sólo miraba al PP, sino también al PSOE, porque los dos partidos "nombraron a los gestores de las cajas de ahorros" y "tomaron las decisiones". "Ustedes, los dos, han sido los responsables de esta gran estafa política". Díez ha recordado que su partido prepara una denuncia ante la Audiencia Nacional, para que "no salga gratis a nadie" el "fiasco" financiero, más aún después de que el PP haya obturado "la vía política". 

Para Alberto Garzón, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), es un hecho que el "agujero" de la banca española lo van a tapar los fondos europeos porque no parece inteligente que, si es capaz, el Estado se endeude con esos fines. "Ya estamos sometidos a una intervención evidentemente velada, una intervención escondida, pero que ya significa que nos están condicionando las políticas" la Europa "de los mercaderes y los especuladores". Además, advirtió a De Guindos que por mucho que se saneen los balances de los bancos, si no hay actividad económica, el sistema financiero seguirá generando activos tóxicos.

Guindos avanza que en julio se conocerá el examen completo a las entidades

Josep Sánchez Llibre (CiU) justificó la abstención de su grupo en las "equivocaciones" en que ha incurrido el Gobierno, como "dinamitar la credibilidad" del Banco de España y "sobredimensionar y sobreactuar" en todo lo que afecta al ladrillo. "No sabemos si estos señores [los auditores extranjeros que deben evaluar la cartera promotora de las entidades españolas], dentro de un mes, nos van a decir que faltan 20.000 0 25.000 millones más, y no sabemos si algún día estos auditores internacionales se van a plantear la posibilidad de cuestionar los créditos de las empresas que no son inmobiliarias. Nos vamos a encontrar con los bancos más capitalizados del mundo, pero que no van a tener liquidez para atender a la economía productiva de nuestro país", planteó. 

La respuesta por parte del Gobierno es no. De Guindos argumentó que las dos reformas financieras del PP –la de febrero y esta que se convalidó hoy– implican un "extraordinario esfuerzo de provisiones que "permitirá tener un sector financiero más eficiente, más saneado e integrado por entidades más solventes". El decreto de hoy ha exigido aumentar en unos 28.000 millones las dotaciones bancarias para activos inmobiliarios sanos, a los que hay sumar los 54.000 millones de provisiones para activos tóxicos de principios de año.  Destacó además que el "ejercicio de transparencia" que se va a hacer en sector financiero español maneja tiempos muy cortos: el 11 de junio se conocerá el resultado del examen del Fondo Monetario Internacional; una semana más tarde, trascenderá un primer análisis de los evaluadores independientes contratados por Economía y el Banco de España, Roland Berger y Oliver Wyman, y a finales de julio, las auditoras, después de analizar pormenorizadamente el balance de cada una de las entidades, darán a conocer el resultado de su estudio.

 

Aunque las abstenciones eran vistas como un alivio para el Grupo Popular, lo cierto es que apoyos, apoyos, sólo los recabó de su aliado natural, UPN, y de Coalición Canaria. En el caso de los nacionalistas, no sin regañina al Gobierno. La portavoz, Ana Oramas, se quejó de que nadie del Ejecutivo hubiera informado a su grupo ni le pidió su voto. Echó en cara al ministro que nadie diera explicaciones por el descalabro financiero, más que "tertulianos de periódico". Le apremió a que aproveche la oportunidad para crear una banca pública que permita hacer fluir el crédito a las pymes y a los autónomos. A pesar de todo eso, CC iba a apoyar el decreto "por sentido de Estado", por "responsabilidad". La que no tuvo el PP en mayo de 2010, recriminó, cuando el Gobierno de Zapatero salvó sus medidas de recorte por un solo voto. "Gracias a CiU y a los nacionalistas canarios, que nos abstuvimos, a pesar de las presiones –y siento que no esté Cristóbal Montoro, que me dijo: 'Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros'–, este país no fue intervenido".

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