El Partido Socialista de Madrid recurrirá el archivo del denominado caso de los espías, al opinar que la jueza que instruye el expediente, Carmen Valcárcel, considera probado que se hicieron seguimientos con medios de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y por lo tanto se ha producido un delito de malversación de fondos públicos.

'En el auto queda probado que se han producido los seguimientos, y por tanto se ha hecho un uso de dinero de los ciudadanos para cosas ajenas a la función pública', señalaron desde los servicios jurídicos del PSM, que mantienen su acusación por un supuesto delito tipificado en el artículo 433 del Código Penal.

La principal queja del PSM es que la jueza no ha tenido en cuenta su solicitud de llamar como testigo a la ex mujer del director de Seguridad, Sergio Gamón, tras las declaraciones de Yolanda Laviana en el diario El País, que revelaban, a su juicio, 'aspectos esenciales del funcionamiento de la actividad que dirigía Sergio Gamón' y demostraban 'el conocimento que manifiesta tener acerca de los hechos y de la utilización masiva de medios públicos para fines privados'.

Para los socialistas, las declaraciones de Laviana, en las que asegura que Gamón daba información de los seguimientos al vicepresidente, Ignacio González, arrojaban luz sobre 'las autoridades a las que reportaba constantemente D. Sergio Gamón, aunque él negó cualquier comunicación con superior jerárquico'.

Además, sus palabras revelaban, según el escrito remitido a la jueza por los socialistas, 'la utilización para fines privados de teléfonos, tarjetas de gasolina, vehículos, así como la posibilidad que tenía para contratar y utilizar a su antojo los medios humanos necesarios para la consecución de los fines alejados del interés público que venían realizando'. Este requerimiento buscaba, según informó el secretario general del PSM, Tomás Gómez, hace unos días, desvelar quién es la 'señora X del caso de los espías'.

La juez no aceptó las citaciones pedidas por el PSM

Los servicios jurídicos del PSM encuentran además un error jurídico en la incorporación por parte de la jueza en su auto de archivo el informe caligráfico presentado por el agente José Manuel Pinto, imputado en el caso, cuando no ha sido trasladado a las partes, que no han podido recurrirlo.

Tampoco ha fructificado su solicitud de que se librara oficio a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid para que aportara el número o números de teléfono que hubiere sido usado para la realización de su trabajo Sergio Gamón Serrano durante el período de marzo a junio de 2008.

El PSM también reclamó sin éxito la citación como 'testigo o en calidad de imputado' a Miguel Castaño, que ocupaba el cargo de subdirector general de seguridad operativa de la Dirección General de Seguridad e Interior de la Consejería, pues a él se refieren en sus declaraciones todos los imputados como 'colaborador directo' de Gamón.

Por otra parte, el PSM consideraba oportuno que se citara como testigo o en calidad de imputado a Marcos Peña, asesor de seguridad de la Consejería de Interior, y primera persona que directamente contó a un medio de comunicación la existencia de un grupo de 'asesores' que venían realizando 'trabajos que desde luego nada tenían que ver con el interés público, y fuera de las competencias de la Comunidad de Madrid'.