Dada la inminente disolución del Parlamento para abrir la puerta a las elecciones, la iniciativa tenía un carácter más simbólico que efectivo, ya que no habría podido tramitarse en ningún caso. Logró, sin embargo, el objetivo de trazar en el Congreso una frontera entre dos modelos: el que propugnan las minorías de izquierda guerra al déficit por la vía de los ingresos y el que sostienen el resto de grupos, encabezados por PSOE, PP y CiU, cuya respuesta al endeudamiento público discurre por los raíles del gasto con las ruedas del ajuste.

Estas tres formaciones cerraron el paso a la propuesta de ERC, IU, ICV y BNG para pedir al Gobierno una reforma fiscal de fondo como correctivo para el déficit. La iniciativa fue registrada en mayo de 2010, 'cuando el presidente inició la política de recortes de derechos sociales básicos' para luchar contra el déficit, como recordó la portavoz de IU-ICV, Núria Buenaventura. La mecánica parlamentaria, que castiga a los grupos pequeños, hizo que el debate se celebrase un año y medio después, a punto de cerrarse el Congreso y con la política fiscal convertida en herramienta de confrontación preelectoral.

'Se pueden obtener más recursos con una fiscalidad distinta y no serían necesarios los recortes', expuso Buenaventura. 'Proponemos cambios en el Impuesto de Sociedades, la reimplantación del Impuesto de Patrimonio, un mayor control de las sicav, la prohibición de las ventas en corto al descubierto y los ejes para un riguroso plan de lucha contra el fraude fiscal, así como cambios en el IRPF', detalló, instando a socialistas y conservadores a 'no hacer demagogia fiscal'.

'Es necesario plantear una reforma tributaria integral, seria, progresiva. La única forma de cuadrar las cuentas públicas no es recortar el gasto social', coincidió el portavoz de ERC, Joan Ridao. Coautor de la iniciativa, el responsable parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, cifró en 8.000 millones de euros anuales los ingresos que reportaría la reforma planteada y denunció que 'las rebajas fiscales practicadas por Zapatero han supuesto una merma de ingresos públicos de 6.000 millones de euros al año'.

Jorquera admitió 'la sensación de estar predicando en el desierto' y el resto de grupos abonó esta impresión. El PNV anunció su abstención emplazando el debate para la próxima legislatura, igual que señaló CiU, que votó contra la admisión a trámite de la propuesta.

El inmovilismo fiscal del PP llevó a su portavoz, Ana Madrazo, a rechazar la iniciativa y denunciar la 'carrera demagógica emprendida por la izquierda para ver quién es más progresista', sirviéndose de la recuperación del Impues-to de Patrimonio aprobada la semana pasada por el Gobierno. 'Es un debate electoralista y ficticio', según lo etiquetó la diputada conservadora.

Por el Grupo Socialista, Manel Mas valoró la 'oportunidad temporal' del debate y negó la acusación del PP de que el Gobierno cambie la política fiscal sólo para subir impuestos. 'No es cierto lo queapunta demagógicamente el PP', rebatió Más, asegurando que parte de las medidas que propuso la izquierda minoritaria han sido ya adoptadas, como el cambio de tramos en el IRPF o la subida del gravamen sobre las rentas de ahorro.