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PSOE y PP aparcan a Enrique López para renovar el TC

El pacto incluye su elección por el Congreso, pero sólo si prospera el recurso sobre su idoneidad

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El PP registró ayer en el Senado la candidatura del catedrático Francisco Pérez de los Cobos en lugar de la inicialmente propuesta de Enrique López para ocupar uno de los cuatro puestos en el Tribunal Constitucional que corresponde cubrir a la Cámara Alta. Este cambio de candidato fue la clave para que el martes se alcanzara el acuerdo que, con casi tres años de retraso, permitirá acabar con el bloqueo en la renovación del alto tribunal.

Pero el caso López aún no se ha cerrado por completo. El pacto entre PSOE y PP incluye la elección por el Congreso de los Diputados del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si prospera el recurso, que presentará ante el órgano del que aspira a formar parte, contra la decisión del Senado de rechazar su candidatura por no haber cumplido en el momento de su presentación los 15 años de ejercicio profesional requeridos.

El PSOE, según fuentes de su dirección, aceptó esta condición en el convencimiento de que el recurso no prosperará. Según sus estudios, en el cómputo más favorable para los intereses del magistrado, López no alcanzaría los años de ejercicio profesional requeridos hasta diciembreen marzo si se hace de manera más exigente y la renovación de los magistrados que corresponde elegir a la Cámara Baja debe hacerse en noviembre.

Además, los socialistas creen que Mariano Rajoy tampoco pondrá especial empeño en la elección de López después de haberse decantado por las tesis de María Dolores de Cospedal a favor de la renovación frente a las de Federico Trillo, partidario de mantener el bloqueo.

El acuerdo entre socialistas y conservadores implica la elección por el Senado de cuatro magistrados, dos a propuesta de cada uno de los dos grupos mayoritarios los actuales son tres de orientación conservadora y uno progresista. Junto a Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo y natural de Murcia, el PP promoverá a un puesto en el TC a Francisco José Hernando, ex presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Los socialistas proponen a los catedráticos Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega, cuyos nombres avalaron los parlamentos de Euskadi y Castilla-La Mancha, respectivamente.

Esta terna a falta de que cumpla todos los trámites la candidatura de Pérez de los Cobos recibió el apoyo de PSOE, PP, PNV y Grupo Mixto. CiU votó en contra y L' Entesa Catalana se abstuvo al no figurar entre los propuestos ninguno de los nombres apoyados por el Parlament de Catalunya [ver apoyo].

El presidente del Senado, Javier Rojo, trasladó su 'reconocimiento' a todos los candidatos propuestos por las comunidades autónomas, que presentaron propuestas 'responsables y medidas'. 'La complejidad de la situación a nadie se les escapa, pero es de justicia reconocer el papel de las comunidades autónomas y de los candidatos', dijo Rojo, tras subrayar que la Cámara Alta ha abierto 'un camino distinto' para designar a los miembros del TC.

El acuerdo fue celebrado por los portavoces del PSOE, Carmela Silva, y del PP, Pío García-Escudero, quien subrayó que se ha desencallado una situación 'incómoda'.

La designación de estos cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional deberá completarse en noviembre con la elección por el Congreso de otros cuatro para cubrir la vacante de Roberto García-Calvo, que falleció en mayo de 2008, y los puestos de otros tres vocales cuyo mandato vence en ese mes los progresistas Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay, y el conservador Javier Delgado, sector al que también estaba adscrito García Calvo.

Con los nombramientos que se producirán en el Senado, la actual mayoría progresista dentro del Tribunal Constitucional pasará de ser de seis a cinco a siete a cuatro y, cuando se hagan los que corresponden al Congreso, la composición final arrojará una correlación de fuerzas de siete progresistas y cinco conservadores.

Pero, además, la renovación de los cuatro magistrados que debe elegir al Senado obligará a la elección de un nuevo presidente, ya que uno de los magistrados con el mandato vencido desde diciembre de 2007 es María Emilia Casas, la actual presidenta de la institución.

La tradición es que la presidencia recaiga en uno de los vocales más antiguos y del sector mayoritario, lo que limitaría el abanico a Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. A los tres les quedan tres años de mandato.