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PSOE y PP blindan el bipartidismo

Nacionalistas y grupos de izquierda denuncian los pactos de los dos grandes para proteger sus intereses

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El león del desencuentro entre el Partido Socialista y el PP no es siempre tan fiero como acaba por pintarlo el día a día del ruido político. En el universo parlamentario, los dos partidos mayoritarios suman un cielo de 322 escaños -169 socialistas y 153 conservadores- de los 350 representantes que conforman el Congreso de los Diputados.

Es una mayoría inapelable que cierra en no pocas ocasiones los intentos de los grupos minoritarios de aportar desde su suelo un oxígeno ajeno a la tentación del bipartidismo en la Cámara. Y el PP y el PSOE no sólo no se dan siempre la espalda, sino que a menudo estrechan sus manos en forma de acuerdos en una legislatura que acaba de cruzar su ecuador y que Rodríguez Zapatero decidió librar sin hipotecas.

El jefe del Ejecutivo ordenó huir de las alianzas prefiguradas en la Cámara para ir trenzando pactos a izquierda y derecha en un ejercicio de geometría variable que los responsables socialistas en el Congreso han lidiado con reconocida habilidad.

En las más de 1.600 votaciones celebradas hasta ahora en la Cámara Baja, la posición del Grupo Socialista ha quedado en minoría en 15 ocasiones, 15 derrotas en asuntos sin excesiva trascendencia que han permitido al Ejecutivo sacar adelante su impulso legislativo sin encajar goles que les hicieran perder el partido.

'Todas las formaciones del Congreso entran en juego; no hay ninguna que esté fuera, a veces pactamos con IU y ERC y no le gusta al PP y otras con el PP sin que les guste a los partidos más a la izquierda', resume el número dos del Grupo Socialista, Eduardo Madina. 'Es una cuestión de sentido común; votamos persiguiendo el interés general, sin cálculos políticos que atiendan al partido que presenta cada iniciativa', corrobora José Luis Ayllón, que desempeña la misma responsabilidad que Madina en el Grupo Popular.

La mayoría que conforman los dos grandes partidos blinda un modelo de Estado que resulta intocable sin su concurso, según se quejan las formaciones nacionalistas representadas en el Congreso. Los pactos puntuales entre el PSOE y el PP siguen una convergencia de grandes intereses económicos, denuncian los grupos situados a su izquierda en el hemiciclo. Socialistas y conservadores no creen que haya razón para la extrañeza al defender su sintonía ocasional.

 

El cambio frustrado

El pasado 17 de marzo, Izquierda Unida y el partido de Rosa Díez fueron derrotados en su inveterada reivindicación de que se acometa un cambio en profundidad de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), elaborada en 1985 y que asigna a estas dos formaciones una representación mucho menor de la que les correspondería por su número de votos.

Las desigualdades en la atribución de parlamentarios hacen que un diputado de IU precise 480.000 votos para sentarse en el Congreso, UPyD necesite 300.000 y, sin embargo, cada representante del PSOE o el PP obtenga un escaño con poco más de 65.000 papeletas. Socialistas y conservadores -unidos a CiU, PNV y CC- rechazaron corregir la desproporcionalidad del sistema en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la LOREG y que ya no cuestionará la espina dorsal de esta ley. 'PP y PSOE se han unido para tumbar la reforma. Han consagrado la ley del embudo, lo ancho para los mayoritarios y lo estrecho para IU -denunció Gaspar Llamazares a Público-.

Han dado un portazo, han dicho no a todo, a que el Congreso crezca a 400 diputados, a cambiar la fórmula D'Hondt por otra más proporcional, a rebajar de dos a uno el número de escaños mínimo por provincia...' La maquinaria funciona, aunque tenga sus deficiencias, replican el resto de grupos, encabezados por los dos partidos mayoritarios.
El PSOE y el PP actuaron en esta ocasión como una sola voz para blindar el statu quo del sistema electoral. Sólo dos semanas antes, el Pleno del Congreso rechazaba
-también con el voto en contra de socialistas y conservadores unidos a los grupos nacionalistas- una petición de UPyD para pedir una Ley Electoral más justa. 'Lo que urge corregir es que el voto de mi vecino, que elige al PNV, valga seis veces más que el mío', recalcó su portavoz, Rosa Díez. El PSOE calificó de 'extemporánea, contradictoria e inoportuna' la iniciativa.

PSOE y PP contra todos

Un día antes de que el Congreso cerrara el debate de la reforma electoral con el concurso de socialistas y conservadores, los dos grupos mayoritarios de la Cámara unieron la fuerza de sus votos para frenar el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional que reclamaban, en dos iniciativas paralelas, el Grupo Catalán y ERC, IU-ICV.
Ambas propuestas compartían la misma filosofía, pedían limitar la interinidad de los magistrados que lastra el prestigio del tribunal, pero chocaron contra el doble grillete que impusieron el PSOE y el PP, y quedaron en papel mojado. El resto de formaciones -diez partidos con 28 escaños- nada pudieron hacer para sacar adelante una iniciativa que pretendía desbloquear una situación que no han contribuido a crear.

Los dos partidos mayoritarios, incapaces de alcanzar el acuerdo necesario para sustituir a los magistrados del TC con mandato prorrogado -es necesaria una mayoría parlamentaria de tres quintos-, aplastaron el intento del resto de cambiar la fórmula de renovación del tribunal.

Nacionalistas y republicanos proponían que los magistrados del Constitucional que finalicen su mandato continúen en el cargo, en funciones, un máximo de seis meses y sin capacidad para adoptar acuerdos. 'Votar en contra es mirar a otro lado; pueden hacerlo, como hacen al no renovar el TC, pero lo que no van a poder evitar es el desprestigio de la institución', invocó a socialistas y conservadores el diputado de CiU Jordi Jané. En vano. Con la Constitución en la mano, PSOE y PP defendieron de nuevo el modelo vigente, aunque conlleve en este caso fatales consecuencias para una institución que tiene a la ley de leyes catalana, el Estatut, sentada en el banquillo desde hace tres años.

La grave situación del TC será crítica en noviembre. A los cuatro magistrados que están en funciones desde diciembre de 2007 -debían ser renovados por el Senado- se sumarán los designados por el Congreso -uno de ellos falleció en 2008 sin ser sustituido-, que finalizarán su mandato a finales de 2010. Ocho de los doce magistrados que componen el Pleno del Constitucional tendrán así que ser renovados, sin que los dos partidos que tienen la decisión en sus manos, PSOE y PP, parezcan próximos a un acuerdo.

Sí al endurecimiento

El voto favorable del PSOE y el PP, unido al de los diputados de CiU, permitió al Ejecutivo superar con holgura el primer examen de la enésima reforma del Código Penal -25 modificaciones en 15 años- que acomete el Congreso. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, arrancó su defensa del texto agradeciendo al PP su 'apoyo inicial', que da continuidad, según solemnizó, 'al espíritu de acuerdo en materia de Justicia' fraguado por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en julio de 2008.

La sintonía ha lucido más que las disonancias durante la primera etapa de esta reforma, pendiente aún de que la fase de enmiendas embride aspiraciones del PP como la cadena perpetua enmascarada bajo el apellido 'revisable', una pretensión inconstitucional, según el PSOE, y perfectamente ajustada a la norma, a juicio del PP.

A pesar de esta diferencia sustancial, socialistas y conservadores abrazaron juntos la reforma frente al criterio del resto de formaciones, salvo CiU, que denuncian que 'consolida una preocupante tendencia al endurecimiento de penas, cuando el Código español es ya uno de los más duros de España', como señaló el portavoz del BNG, Francisco Jorquera. El resto de partidos -salvo PSOE, PP y CiU- compartieron este análisis al rechazar el incremento punitivo que introduce la reforma, fraguada en paralelo a la convulsión mediática de casos como el asesinato de Mari Luz Cortés o de Marta del Castillo. PNV, ERC, IU-ICV y BNG pidieron la devolución del texto por considerarlo demasiado represivo. La llave doble del PP y el PSOE lo impidió.

La reforma endurece de forma notable las penas contra delitos como el terrorismo y las agresiones sexuales a menores; establece la imprescriptibilidad de los asesinatos terroristas y establece el control posterior en la calle de los condenados, con medidas como la libertad vigilada, que supone, según el responsable de justicia del PNV, Emilio Olabarría, introducir 'de tapadillo' la cadena perpetua.

Guiño a las rentas altas

La cadena de medidas de choque contra la crisis económica está dejando a salvo de cualquier sacrificio a las rentas más altas, según denuncian los partidos situados a la izquierda del PSOE. IU-ICV y ERC batallan desde hace meses por conseguir una política tributaria que castigue a los más favorecidos, bajo la filosofía genérica de que pague más quien más tiene.

Hasta ahora han chocado con el tándem PSOE-PP en este empeño, que se ha revivido esta misma semana en forma de moción en el Congreso, protagonizada por el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. Sin éxito. El Pleno del Congreso rechazó el pasado martes la petición de IU-ICV de instar al Gobierno a aplicar una reforma fiscal en profundidad que suba el IRPF a los contribuyentes 'con mayor capacidad económica' y recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio 'para gravar a las grandes fortunas'. Gaspar Llamazares considera que esta filosofía fiscal contribuiría a reducir el déficit público y a consolidar el gasto social.

El PSOE y el PP rechazaron esta moción, que tampoco apoyaron los nacionalistas mayoritarios. Los partidos situados más a la izquierda en el Parlamento denuncian constantemente la inacción fiscal del Ejecutivo, que se resigna a pactar su política económica 'con la derecha y los nacionalistas conservadores', según Llamazares. Su pretensión de abrir una 'verdadera reforma fiscal' que profundice en la progresividad y la justicia tributaria cae en saco roto, frenada por la suma de votos de socialistas y conservadores.

Al rescate de los bancos

En julio de 2009, el Congreso aprobaba el segundo plan de rescate para la banca que se ponía en marcha en apenas unos meses, una vez desatada una convulsión financiera internacional sin precedentes, que ha disparado hasta límites dramáticos las estadísticas del desempleo. Un total de 313 votos a favor, correspondientes al PSOE, el PP y CC, frente a 23 en contra, del resto de formaciones, permitió a la Cámara aprobar el denominado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un plan de rescate para bancos y cajas que pone a su disposición 9.000 millones de euros ampliables a 90.000.

El Gobierno defiende la salud del sistema bancario desde el comienzo de la crisis. Sus argumentos, enarbolados por el PSOE en el Congreso, no convencieron a los grupos situados a su izquierda. 'Esta es la segunda transfusión al sistema bancario que, para no estar enfermo, ya lleva dos transfusiones sin que se trate la enfermedad a fondo', denunció entonces Llamazares. El apoyo del PP al PSOE fue en esta ocasión 'crítico y escéptico', según su responsable de economía, Cristóbal Montoro, pero un sí en la Cámara tiene el mismo valor con o sin apellidos que lo maticen.

Símbolos religiosos

Recién comenzada la legislatura, la imagen del nuevo Gobierno socialista prometiendo sus cargos frente a un crucifijo agitó el rechazo de IU-ICV. Dos meses después, en mayo de 2008, el Congreso rechazó su propuesta de eliminar los símbolos religiosos como el crucifijo o la Biblia de los actos de toma de posesión de los cargos públicos.

La oposición declarada del PSOE y el PP, aliados con CiU, entre otros partidos, impidió la aprobación de esta propuesta a favor de la aconfesionalidad que defendió Gaspar Llamazares. El BNG apoyó la medida y el PNV pidió, no ya suprimir el crucifijo o la Biblia en las tomas de posesión, sino eliminar de raíz este tipo de ceremonias de estreno.
Por el contrario, el grupo conservador defendió que suprimir la Biblia o el crucifijo supone 'excluir los símbolos que profesan la mayoría de los españoles'. Los socialistas, unidos a esta tesis, abogaron por 'no producir tensiones o rupturas innecesarias' con leyes 'prohibicionistas', para dejar que la laicidad avance al ritmo que establece la 'convicción colectiva'.

El Congreso pone límites

Organizaciones no gubernamentales del prestigio de Aministía Internacional o Human Rights Watch, consagradas a la defensa y promoción de los derechos humanos, declararon 'día de luto' el pasado 25 de junio de 2009, cuando el Pleno del Congreso aprobó la limitación de la capacidad de actuación de la Justicia española en el extranjero. PSOE y PP sumaron sus votos a esta reforma junto a CiU, CC, UPyD y UPN.

'Se ha dado un claro mensaje de que España se preocupa más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales', señalaron estas organizaciones en una nota conjunta que emitieron junto a los sindicatos UGT y CCOO. La izquierda parlamentaria también criticó este paso atrás, según lo calificaron. Con esta reforma, los jueces españoles únicamente podrán perseguir en el exterior delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra cuando sus presuntos responsables se encuentren en España o en el caso de que alguna de las víctimas sea española.