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Pumpido amenaza a los controladores con 8 años de cárcel

Los primeros trabajadores citados se niegan a contestar al fiscal, lo que dificulta concretar las distintas responsabilidades

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'El abandono colectivo de un aeropuerto con paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave, penado con una sanción que puede ir desde tres años hasta ocho años de prisión. No estamos hablando de un problema laboral, sino de un abandono premeditado, concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para los ciudadanos y para España'.

Se puede decir más alto, pero no más claro, y el que lo dice es nada menos que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ayer se reunió en Zaragoza con los fiscales superiores españoles para unificar criterios en las investigaciones abiertas por las fiscalías por el caos aéreo vivido el pasado puente.

El fiscal: 'Es un abandono premeditado y concertado'

Los 12 primeros controladores citados por la fiscalía de Madrid, en relación con el abandono de sus puestos de trabajo el viernes por la tarde y en la mañana del sábado, optaron por negarse a declarar y por abogar por la jurisdicción militar, pese a que no fueron militarizados hasta las 13.00 horas del día 4, cuando se declaró el estado de alarma; desde entonces ninguno se ausentó sin justificación.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, explicó que el objetivo de las citaciones, 'en calidad de denunciados o de imputados', era dar a los controladores la posibilidad de explicar sus motivos para abandonar la torre de control y así determinar si habían cometido algún delito y su responsabilidad.

El objetivo es que se vea que la Justicia trabaja mientras se admitan querellas

Conde-Pumpido se refería al delito de sedición, castigado en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, de 1964, con hasta 8 años de cárcel. Prevé la misma pena para los 'empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el comandante o jefe respectivo'.

El primer interés de la fiscalía será determinar la responsabilidad de cada controlador, individualizarla. No es lo mismo haber dirigido la protesta que limitarse a secundarla y su castigo variará, aunque a tenor de la actitud de los 12 primeros citados parece que su intención es dificultar esa concreción. Tendrán otra oportunidad para declarar, cuando el caso llegue a manos del juez.

De momento en Madrid, de 175 controladores la fiscalía ha citado a 26 (12 ayer, 6 hoy y 8 más el lunes). Las citaciones se han coordinado con AENA, para no perturbar el servicio, y se han basado en la información suministrada por la policía de que todos ellos abandonaron su puesto de trabajo y se reunieron en el hotel Auditorium, explicó Esteban. El establecimiento había sido reservado el día de antes del plante y a las tres de la tarde del viernes se confirmó.

El ministerio público trata de individualizar la responsabilidad

Aunque la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional, que ha correspondido al juez Ismael Moreno, la fiscalía no cree que sea el órgano competente para investigar lo ocurrido, porque el delito supuestamente cometido no figura entre los que le atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial. Considera que con lo ocurrido en cada aeropuerto debe abrirse un procedimiento, y que la coordinación será posible gracias a que las distintas fiscalías unificarán criterio.

Las diligencias fiscales de investigación servirán para concretar el delito y las responsabilidades antes de judicializar el caso. Se han abierto en casi todas las localidades donde hay aeropuerto. En Barcelona, el ministerio público ha cedido la investigación a la Guardia Civil y será con sus conclusiones con las que el fiscal forme la acusación que presentará ante el juzgado correspondiente. En Canarias, donde lo ocurrido en sus principales aeropuertos se investigaba conjuntamente, la fiscalía ha decidido, tras la reunión de ayer, abrir unas diligencias en Gran Canaria y otras en Tenerife.

Fuentes fiscales señalaron que el objetivo de sus diligencias es adelantar pruebas y demostrar que la justicia trabaja sin necesidad de esperar a los quince días que se calcula pueden tardar en admitirse a trámite las querellas que ya empiezan a presentar particulares afectados por el plante.

Más de 5.000 se coordinan bajo la representación del despacho Cremades & Calvo Sotelo y reclamarán responsabilidades a AENA por los daños y perjuicios ocasionados. FACUA-Consumidores en Acción también ha movido ficha: ha denunciado al Gobierno ante la Comisión Europea.