El Tribunal Supremo todavía no ha pedido informe a la Fiscalía del Alto Tribunal sobre el caso Campeón, pero el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha optado por anticiparse, no aguardar a ese trámite y apartarse antes. Ayer se lo comunicó al Consejo Fiscal. ¿El motivo? Su amistad con el ministro de Fomento José Blanco contra el que se dirige la exposición razonada elevada por la jueza de Lugo que instruye la causa.

En un decreto fechado el día 7, el fiscal general explica que el artículo 28 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que los fiscales no podrán ser recusados, pero se abstendrán de intervenir en los procedimientos cuando les afecten alguna de las causas previstas para los jueces en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Entre ellas figura la 'amistad íntima o enemistad manifiesta'. Conde-Pumpido ha apelado a la primera de ellas para apartarse como jefe de la Fiscalía del Tribunal Supremo para 'garantizar que no va a tener ninguna participación ni directa ni indirecta' en las decisiones que se adopten.

De esta forma, según fuentes fiscales, Conde-Pumpido pretende demostrar 'un escrupuloso respeto de las normas' y ofrecer 'una imagen de imparcialidad' que el PP se apresuró a cuestionar, prácticamente, desde el mismo momento en que se supo que la magistrada Estela San José remitía los indicios hallados contra Blanco al Supremo.

La decisión de Conde-Pumpido ha sorprendido. Pese a que el artículo 17 del Estatuto fiscal le concede la jefatura de la Fiscalía del Alto Tribunal, la norma también prevé que quien 'dirigirá y coordinará' por delegación suya la actividad ordinaria del órgano sea el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo. Además, el fiscal general cesará con el Gobierno, por lo que poca intervención podrá tener en un caso en el que no habrá avances significativos antes de las elecciones.

Dice que es su deber informarse de los proyectos que generen empleo

Pero el fiscal general ha preferido dejar constancia de que será Martín-Casallo quien tendrá la última palabra en el informe que la Sala de Admisión del Supremo solicitará al Ministerio Público, previsiblemente a finales de semana, para determinar si debe abrir un procedimiento para investigar lo denunciado por la jueza por el carácter de aforado de Blanco. Las fuentes consultadas señalaron que el informe de la Fiscalía no se conocerá hasta después de las elecciones.

El decreto de Conde-Pumido, que ha sido bien acogido por las dos asociaciones de fiscales, será también comunicado a la Junta de Fiscales de Sala que tiene previsto reunirse mañana.

El portavoz del Gobierno hizo ayer sus primeras declaraciones tras la publicación en El Mundo de su supuesta intermediación para que Azkar pudiera instalar una nave cerca del aeropuerto de El Prat. En Onda Cero aseguró que como ministro de Fomento está en contacto, 'desde luego, con empresarios que generan actividad económica y empleo'.

'Creo que es mi obligación interesarme e informarme sobre los proyectos empresariales que sirven para crear puestos de trabajo', añadió tras señalar que en su contra 'se habla de una empresa que tiene 6.000 personas y que tenía un proyecto empresarial para hacer una inversión que dará trabajo' a otras 400.

Lo que sí aseguró, para negar el tráfico de influencias, es que 'nunca' ha 'influido, en un sentido u otro, en la decisión que fuera a tomar el organismo competente'.