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Las quejas ciudadanas recogidas en 300 localidades

Una representación del 15-M entregó en el Parlamento un documento con las propuestas que las marchas indignadas han recogido en pueblos de todo el Estado

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01. Incumplimientos. Piden un hospital y construyen un circuito de alta velocidad

Las promesas electorales no se cumplen. En Alcañiz (Teruel), se ha prometido durante las últimas tres legislaturas la construcción de un hospital comarcal. Pero del proyecto no hay ni rastro. Lo que sí se ha construido es Motorland, un circuito de coches y motos de competición. También las promesas de austeridad se las lleva el viento. En Nava del Rey (Valladolid), denuncian los indignados, el alcalde se subió el sueldo un 238%, y en La Gineta (Albacete), el regidor cobra 1.500 euros al mes por sólo ocho horas semanales de dedicación al cargo.

En Calafell (Tarragona), según constatan los indignados en su documento, se ha levantado la urbanización más grande de Europa, ya que en verano el pueblo pasa de 24.000 habitantes a más de 120.000. Los caminantes también han recogido los casos de infraestructuras que han dejado de ser 'rentables por no ponerlas en funcionamiento o, simplemente, por dejarlas inacabadas'. Citan el ejemplo de La Carolina, en Jaén, donde se cedió el terreno para levantar un hospital que no se llegó a edificar. O la Casa de la Juventud de San Rafael (Segovia), construida desde hace dos años pero que sigue en desuso. Y recuerdan el aeropuerto de Castellón, un empeño del expresidente de la Diputación Carlos Fabra, que costó 140 millones de euros y ni tiene ni aviones ni permiso de vuelo. Como concesión 'fraudulenta', apuntan la del peaje del túnel de Guadarrama, que debía ser liberado en 2012 y que se ha prorrogado 50 años más, 'bajo la sanción de la UE'.

Los indignados hacen suya una queja histórica de los agricultores: el incremento de los precios por culpa de los intermediarios y la cadena de distribución. En Valdealgorfa (Teruel), por ejemplo, se paga al campesino 2 euros por kilo de almendras, y luego se vende al consumidor a 20 €/kg en las grandes superficies. En Alatoz (Albacete) el agricultor recibe 20 céntimos por el kilo de naranjas, y en San Clemente (Albacete) se paga la hora de recogida del ajo a dos euros. También denuncian el uso de los transgénicos, 'algunos de ellos ilegales', la 'imposición' de regadíos en zonas de secano o el uso de productos químicos, muchos contaminantes. Sucede en Lebrija (Sevilla): allí se promovió 'el uso de fosfoyesos para fertilizar las tierras de cultivo', y luego se demostró que 'contenían uranio radiactivo' que contaminó las cosechas de la zona e influyó a Cádiz y Huelva.

El documento fotografía el deterioro de los servicios públicos en buena parte de España. Hay servicios de urgencias a más de tres horas en ambulancia; ausencia de pediatras en poblaciones con niños; escasez de médicos; cierre de escuelas por la exigencia de un mínimo de alumnos; privatización de centros educativos; recorte del gasto en cultura (en La Mata de los Olmos, Teruel, no hay ni un solo equipamiento cultural)... En transportes, las cosas no están mejor: se ven carreteras en mal estado, han desaparecido trenes regionales por la preferencia del AVE, hay calvas en servicio telefónico e internet...

En el catálogo de quejas ambientales de los indignados, destacan la mala gestión de los residuos -como el macrovertedero RCIR de Alcalá de Henares (Madrid)-, la mala conservación de las zonas verdes por parte de la Administración o el apoyo a la construcción de plantas y cementerios nucleares (ATC) 'de forma forzada y corrupta'. Citan el caso de Zarra (Valencia), donde se quiere construir un ATC 'en un terreno con actividad sísmica' media, pese a las protestas vecinales. En La Robla (León) 'ha aumentado la mortalidad por cáncer' por una cementera y una central térmica. Los caminantes critican la especulación con el agua (en Madrid, Esperanza Aguirre persiste en su idea de privatizar el Canal de Isabel II) o los trasvases con fines lucrativos.

Los indignados constatan la 'excesiva facilidad en los despidos y la concesión de ERE' y ponen el ejemplo de Castel de Cabra (Teruel), donde se cerraron las minas que daban trabajo a mil personas, a las que no se dio una alternativa solvente de empleo. Cargan asimismo contra el 'favoritismo' hacia las grandes compañías, en lugar de a las pymes; los precios 'prohibitivos' de la vivienda; los 'crecientes desahucios'; el abandono de las zonas rurales o polígonos industriales sin ninguna actividad empresarial.