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Rajoy se impone recortes inminentes en los ayuntamientos para cuadrar el déficit

El jefe del Ejecutivo se reúne con el presidente de la FEMP para indicarle las medidas. La reducci

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El presidente del Gobierno recibe esta mañana al de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, para acelerar el proceso de reforma de la Administración local, especialmente, en lo que a su financiación se refiere.

Mariano Rajoy ya había hecho un primer intento de encauzar el asunto en julio de 2011, pero se vio obligado a posponerlo por la convocatoria de elecciones en Galicia y Euskadi y retrasarlo por la de las catalanas, un mes después. Al mismo tiempo de esta reunión en La Moncloa, la cúpula del PP, presidida por María Dolores de Cospedal, se reúne en Génova con consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas gobernadas por los conservadores. A la reunión en Génova asisten igualmente la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.También esta reunión busca consensuar posiciones en torno la reforma de las Administraciones Públicas, en este caso, en el ámbito autonómico. Salarios de consejeros, diputados autonómicos, composición de los Gobiernos regionales, duplicidades,... Todo está en el aire y es susceptible de ser modificado a la baja cuantitativa y cualitativamente.

El Gobierno quiere tener cerrado el borrador definitivo o prácticamente para la cumbre interparlamentaria que el PP celebrará en Toledo los días 17 y 18 de este mes y presentar formalmente las iniciativas más novedosas, según fuentes populares. Entre ellas, las citadas en las Comunidades Autónomas y la reducción del número de concejales (Rajoy planteó en julio un 30%, más de 21.000 menos) y la merma asimismo de sus salarios.

El Ejecutivo cuenta no sólo con la oposición de los alcaldes socialistas (poco más de la mitad del total de los 8.000 Ayuntamientos), más partidarios de eliminar las diputaciones, sino con la de algunos de los suyos. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por ejemplo, ya manifestó su oposición a tales medidas asegurando que el Gobierno estaba señalando a los administradores locales de ser culpables de la crisis, cuando eran las Comunidades las grandes responsables del déficit del Estado.