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Rajoy obliga a González a suspender el euro por receta

El Consejo de Ministros estudia el recurso contra la inconstitucionalidad del impuesto aprobado por la Comunidad de Madrid. La tensión entre el Gobierno y el PP de Madrid alcanza su punto álgido tras el desafío del sucesor de Aguir

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El mensaje que lanzó Mariano Rajoy respaldando las políticas de Ignacio González durante la cena de Navidad del PP de Madrid en Arganda del Rey se ha disuelto como un azucarillo. Esta mañana, el Consejo de Ministros estudia el recurso contra el euro por receta implantado en la Comunidad de Madrid y todo apunta a que el presidente del Gobierno le dará el visto bueno para que sea presentado ante el Tribunal Constitucional junto a la petición de que la medida impositiva se suspenda de forma cautelar.

Con esta decisión, Rajoy acaba sus advertencias a Ignacio González y ejecuta el ultimátum abriendo una profunda brecha entre la Administración central y la autonómica, gobernadas por el mismo partido y, por tanto, en el partido mismo, aunque la secretaria general, María Dolores de Cospedal, haya intentado echar balones fuera apelando a un asunto 'entre gobiernos', no de partido. Sin embargo, en estos momentos y según los conservadores, la situación de aislamiento de González frente a Génova 'es un hecho'.

El jefe del Ejecutivo, al que se le ha acabado la poca paciencia que le quedaba con el madrileño, quiso dar un aviso a éste con el recurso que aprobó el mes pasado contra el mismo gravamen de la Generalitat catalana, pero aquél no cogió el guante y, al contrario, argumentó que la tasa entraba en la competencias de la Comunidad de Madrid (CAM) y el 1 de enero de 2013, estaría en marcha, como así ha sido.

Desde el 14 de diciembre hasta el día de hoy, PP y Gobierno -en especial, la ministra de Sanidad, Ana Mato- han intentado por todos los medios convencer a González y a su consejero Javier Fernández-Lasquetty, no sólo de la inconstitucionalidad del euro por receta, sino también de su 'inoportunidad política y la irresponsabilidad' de llevar adelante una medida a la que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tachó por vulnerar 'la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinación de la sanidad y la igualdad de los españoles. Esa tasa -dijo tras el Consejo del 14 de diciembre- grava por dos veces la adquisición de los medicamentos'. Todo ello junto a la invasión de la competencia exclusiva del Estado por parte del Gobierno madrileño.

A la vista del desafío de González y de que en el PP empezaban a inquietarse por la falta de contundencia de Rajoy frente al sucesor de Aguirre -que ha respaldado a su pupilo en todo momento, aunque ve 'legítimo' el recurso de Rajoy-, el presidente del Gobierno ha optado por el instrumento límite para no demorar más el caos administrativo que, además, la suspensión provocará ahora en las farmacias españolas sin que se hubiese regularizado todavía el cobro del euro, ya que los establecimientos carecen del programa para controlar los límites (72 euros al año frente a los 61 de Catalunya), por ejemplo.

Los madrileños, por tanto, están pagando el euro por receta para los medicamentos de más de 1,67 euros de forma ilimitada, aunque la consejería de Sanidad asegura que se les devolverá lo que hayan pagado de más. Lo que no les sería reembolsado, según González, es lo que se hubiese abonado antes de que el Constitucional admitiese el recurso del Gobierno, en su caso. Aunque el recurso fuese aprobado mañana por el Consejo de Ministros, pueden pasar aún semanas antes de que se proceda a la suspensión y el Ejecutivo siga aplicando la tasa, que incluye a los jubilados con pensiones contributivas (ya pagan hasta el 10% del coste de sus medicamentos con tope de 8 euros al mes si ganan menos de 18.000 euros al año y 18 si ganan hasta 100.000). Sólo están exentos del pago de gravamen los individuos afectados por síndrome tóxico, los discapacitados, los receptores de la renta mínima de inserción, las personas que cobran pensiones no contributivas o los parados que hayan agotado el subsidio por desempleo.

El Ejecutivo madrileño, en boca del consejero Fernández Lasquetty, ha tachado de 'irrelevantes' las insumisiones de ciudadanos al pago de este euro. Las contabilizadas en una semana por la OCU superan el máximo de 4.500 previstas por la Comunidad en un mes.