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Rajoy, solo ante el peligro

El presidente del Gobierno afronta el regreso de las vacaciones acompañado únicamente por la certeza de que tendrá que aceptar la intervención de España, en contra del parecer de la ciudadanía, la oposici&oacut

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Mariano Rajoy apura sus últimos días de vacaciones junto a su padre, en la comarca gallega de O Salnés. Antes de regresar a Madrid, sin embargo, el jefe del Ejecutivo se reunirá con el rey en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. El martes 14, como se comprometió a hacer, Juan Carlos de Borbón trasladará al presidente del Gobierno la petición de los sindicatos para que convoque un referéndum sobre los recortes contrarios al programa electoral del PP y el presidente del Gobierno contará al rey sus planes de cara al otoño.

Entre esos planes, muy probablemente, y así lo admiten en el entorno conservador, estaría la petición de un rescate para España, se le llame suave o se le llame blando, pero que constituiría de facto la intervención económica del país por la duras condiciones que traería consigo. A instancias de Alemania, el rescate se haría a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo europeo cuya puesta en marcha se prevé para la segunda quincena de septiembre -siempre que el Tribunal Constitucional germano le dé el visto bueno- y que, desde el principio, podría estar dotado de 500.000 millones de euros. El monto total del rescate español se ha venido fijando en 400.000 millones de euros, de los que 100.000 corresponden al préstamo financiero que será traspasado desde el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) La complicación con respecto a la dotación del MEDE ha surgido, sin embargo, en los últimos días, cuando el Gobierno italiano también ha admitido la posibilidad de pedir ayuda: muy difícilmente, señalan los analistas, podría alcanzarse la cuantía necesaria para las economías de España e Italia.

Con el rescate en la cabeza, Mariano Rajoy afronta el peor de entre todos los malos momentos de su gobierno de apenas ocho meses. Y lo hace prácticamente en solitario, con sus ministros ocupados -y agobiados- cada uno con su cartera y en ninguna de las cuales se están tomando medidas populares. El presidente apenas despacha con su Gobierno, reconocen en su entorno ('Delega mucho y eso es bueno'); tampoco por teléfono si no es estrictamente necesario. Rajoy prefiere dejar en manos de su gente de máxima confianza la petición de información o gestiones a los distintos departamentos. Ana Pastor, Jorge Fernández Díaz o José Manuel García-Margallo, por su amistad personal con Rajoy, son quienes más contacto mantienen con él, aunque tampoco demasiado.

Rajoy afronta el peor de entre todos los malos momentos de su gobierno de apenas ocho meses

El presidente ha limitado su trato regular con los ministros a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que se reúne los jueves y que el propio Rajoy preside por iniciativa propia, y al Consejo de Ministros de los viernes. La Comisión cuenta con la asistencia de los titulares del área económica del Gobierno (Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Empleo y Seguridad Social, Energía y Turismo, y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), además del director de la Oficina Económica del presidente y los secretarios de Estado de Hacienda, de Presupuestos y Gastos y de Economía y Apoyo a la Empresa.

El jefe del Ejecutivo, además, se ha desligado de la actividad del partido, cediendo a María Dolores de Cospedal plenas competencias para su organización y suprimiendo los llamados maitines, las reuniones que inauguró José María Aznar durante su mandato y mediante las que se coordinaba la actividad del PP y el Gobierno. La secretaria general del partido llama a Rajoy, al menos, una vez por semana para ponerle al tanto de su tarea en la sede central del PP, mientras que la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, se desplaza con cierta regularidad a Génova 13 para tratar de coordinar la comunicación de la gestión conservadora en toda su amplitud (Gobierno, Congreso y Senado y partido)

En La Moncloa, el presidente se ha rodeado de un reducido grupo de fieles que es con quienes despacha constantemente y toma las decisiones que afectan al Gobierno: la vicepresidenta Sáenz de Santamaría; el director del Gabinete, Jorge Moragas; Martínez Castro, y el director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal. Este último, además, es el enlace entre Rajoy y los empresarios españoles, hoy más críticos con las políticas del Ejecutivo, especialmente ante las subidas del IVA y el IRPF.

En La Moncloa, el presidente se ha rodeado de un reducido grupo de fieles

Con un núcleo de confianza tan reducido para una gestión gubernamental tan decisiva, es habitual oír, incluso entre los suyos, que al presidente del Gobierno le ha llegado el síndrome de La Moncloa tan pronto como las encuestas más adversas. Otros, sin embargo, explican que su jefe de filas asumió en primera persona la política económica del Gobierno y en ella está volcado las 24 horas del día. La vertiente política del Ejecutivo la lleva Soraya Sáenz de Santamaría, que es quien despacha frecuentemente con todos los ministros. Esta estrategia, sin embargo, sólo ha traído complicaciones al presidente, que se encuentra en el peor momento para la economía española con un Gobierno de perfil difuminado a falta de un referente fuerte en este ámbito.

Por eso, si el rescate finalmente se concreta -y no se contempla alternativa para resolver el grave problema de financiación del Estado, que tiene que devolver en octubre una deuda de más de 29.000 millones de euros-, las fuentes consultadas creen que Rajoy -aunque lo ha negado por activa y por pasiva- tendrá que acompañarlo de una remodelación de su Gabinete para enfrentar la nueva etapa de profundas restricciones económicas sobre los ciudadanos españoles. La otra opción que se baraja en el Gobierno, una moción de confianza en el Parlamento, resultaría más traumática para la deteriorada imagen de Rajoy, pues es muy complicado que encuentre con el respaldo de una oposición que trata de convencer al jefe del Ejecutivo de que no pida el rescate bajo ningún concepto.

A día de hoy, el presidente ve también cómo en el apoyo de los barones autonómicos y los alcaldes del PP se resquebraja paulatinamente. Los presidentes conservadores de las Comunidades Autónomas mostraron su rechazo a los objetivos de déficit que les impuso el Ministerio de Cristóbal Montoro en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 12 de julio, cuando Extremadura y Castilla y León se abstuvieron de votar a favor. El malestar de los dirigentes regionales quedaba patente horas antes  de este encuentro, cuando el PP convocó una rueda de prensa en su sede central del propio ministro de Hacienda y el responsable de asuntos territoriales del PP, Javier Arenas, como antesala del CPFF. La rueda de prensa fue cancelada un poco antes debido a la imagen de desunión y descontento autonómico que empezaba a filtrarse hacia la opinión pública desde la Comunidades del PP.

Los alcaldes del PP han coincidido en rechazar las medidas de austeridad local

Por su parte, los alcaldes del PP han coincidido en rechazar las medidas de austeridad local que pretende imponerles el Gobierno, y lo han hecho en el fondo y la forma. Por un lado, el Ejecutivo se ha visto obligado a posponer la reforma de la ley de Bases de Régimen Local ante la imposibilidad de lograr el apoyo de sus regidores a medidas como la reducción de concejales y, por otro, éstos se han quejado de que el Ejecutivo plantee los excesos de las administraciones como si ellos fuesen los culpables.

A pesar de los intentos de Rajoy y De Cospedal por que sus responsables autonómicos y locales mantengan un discurso alineado con el del Gobierno, para lo que fueron convocados a sendas reuniones en la calle Génova, estos dirigentes son conscientes de que si llega el rescate, el grueso de las restricciones económicas les tocará aplicarlas a ellos en materias tan sensibles como la Sanidad y la Educación, que ya se están viendo fuertemente dañadas. Su oposición al rescate, por tanto, es un hecho y lo admiten, sobre todo, teniendo en cuenta que algunas de estas Comunidades Autónomas  (Murcia y Comunidad Valenciana) ya han confirmado que, además, necesitan a su vez ser rescatadas por el Ejecutivo. Otras sólo lo descartan con la boca pequeña.