“¡Vergüenza!”. Esa es la palabra que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha utilizado para definir el “récord” de desahucios alcanzado en 2011. Según datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial , 58.241 familias fueron desalojadas de sus casas durante el año pasado, un 21,8% más que en 2010.

Madrid, Valencia, Barcelona y Alicante fueron las provincias más afectadas por esta situación, con 9.460, 7.267, 5.801 y 4.648 desahucios, respectivamente.

“Pero lo más grave son los totales que sumamos desde que se inició la crisis”, destacan los miembros de la PAH en un comunicado . “Entre 2008 y 2011, 116.716 familias se han quedado en la calle mientras la banca responsable de la crisis sigue declarando beneficios y recibiendo ayudas”, denuncian.

Además, aseguran que la disminución del número de ejecuciones hipotecarias (proceso judicial inicial que termina con la subasta de la vivienda) “no significa que el problema se esté resolviendo en España”. Aunque dicha cifra se redujo un 16,9% respecto a 2010, “77.864 ejecuciones son una barbaridad”. “Tras las estadísticas hay personas (…) vidas destrozadas por un sistema avaricioso y depredador”, insisten desde la PAH.

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, también abogó hoy por regular el sistema de subasta de los pisos embargados. “Es de una gravedad tremenda que los bancos puedan quedarse con la vivienda embargada por un precio por debajo del 60% de su valor”, opinó en un acto organizado por el Consejo General de la Abogacía. “Es un sistema que beneficia a los bancos en claro perjuicio de la persona y esto es gravísimo”, añadió Cava de Llano.

Adoptar medidas que permitan seguir utilizando la vivienda con un alquiler asumible por el deudor, permitir que los inquilinos puedan declararse en bancarrota para librarse de la deuda, o mejorar la transparencia de los contratos hipotecarios son algunas de las propuestas de la Defensora para reforzar la protección de los hipotecados.

“No nos vamos a rendir”, aseguran, por su parte, los miembros de la PAH, para quienes el decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de febrero no es suficiente. “Exigimos la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el impulso del alquiler social como medidas de emergencia para garantizar el derecho a la vivienda”, sentenciaron.