Publicado:  15.07.2010 14:30 | Actualizado:  15.07.2010 14:30

El recorte salarial de los funcionarios entra en los juzgados

La Audiencia admite a trámite los recursos de los sindicatos UGT y CCOO. Está aún pendiente la decisión del Defensor del Pueblo

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La oposición de los sindicatos al recorte del salario de los funcionarios decidido por el Gobierno encontró ayer eco en la Audiencia Nacional, que admitió a trámite varios recursos interpuestos por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) contra la aplicación de la medida.

La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia es habitual en estos casos, ya que suelen ser admitidos los recursos presentados, con excepción de los que tienen defectos formales. Sin embargo, algunos expertos creen que no se trata sólo de una decisión de carácter técnico. "Es importante porque indica que la Audiencia ha considerado que es un tema digno de ser debatido en profundidad", asegura Valeriano Gómez, experto en materia laboral y ex secretario general de Empleo.

Dos magistrados que apoyaron a los sindicatos en 2000 siguen en la Sala

Los sindicatos también subrayan la importancia de la decisión. Fuentes de Comisiones aseguraron ayer que la admisión a trámite "anima la convocatoria de huelga general", pues en su opinión indica que los sindicatos tienen razones jurídicas para presentar el recurso contra la reducción de los sueldos de los empleados públicos.

La huelga general se celebrará el 29 de septiembre, y aunque la convocatoria está directamente relacionada por el decreto de reforma laboral, el recorte salarial de los funcionarios figura también en la nómina de agravios de lo que las centrales denominan "el cambio de carril" del Gobierno hacia posiciones conservadoras. Con ese motivo, UGT, CCOO y el sindicato de funcionarios CSIF apoyaron una huelga en el sector el pasado 8 de junio, aunque su seguimiento fue más bien escaso.

Algunos jueces han presentado reclamaciones a título individual

¿Qué puede pasar ahora con los recursos de los sindicatos? El precedente de 1996 (ver información adjunta), cuando se entabló un pleito similar por la congelación de los salarios de los empleados públicos, da algunas pistas de por dónde pueden ir las deliberaciones judiciales. De entrada, en aquel recurso, la Audiencia Nacional dio la razón a los sindicatos y anuló la decisión del Gobierno. Curiosamente, además, tres de los cinco magistrados que en el momento de la sentencia (año 2000) integraban la Sala de lo Contencioso-Administrativo todavía permanecen en ella. Son José María del Riego, Mónica Montero y Mercedes Pedraz. De ellos, Montero y Pedraz suscribieron entonces el fallo mayoritario (es decir, el que daba la razón a los recurrentes), mientras Del Riego formuló un voto particular, que se alineaba con las tesis del Gobierno.

La inclinación de la Sala del año 2000 a apoyar las reclamaciones sindicales no tiene, sin embargo, por qué reproducirse ahora, ya que el Tribunal Supremo, en una sentencia de 2002 que casó doctrina, revocó el fallo de la Audiencia Nacional, y restableció la congelación salarial para los empleados del sector público.

Según Valeriano Gómez, la clave de la interpretación que realizó el Supremo, y que puede influir en la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, es que los salarios de los funcionarios están incluidos en la Ley de Presupuestos, y que por tanto su cuantía puede ser alterada por otra ley.

Un caso distinto es el de los empleados de empresas públicas, cuyas retribuciones, en general, no aparecen en los créditos presupuestarios de las administraciones de las que dependen. En consecuencia, los acuerdos en convenio colectivo están protegidos frente a decisiones legales, y sólo pueden ser modificados mediante pacto entre las partes que firmaron los mismos. Esta argumentación, que emana de la doctrina del Supremo, es precisamente la que esgrimen los trabajadores de empresas públicas como Metro de Madrid (ver información adjunta), para oponerse a la decisión unilateral de recortar sus salarios.

Las reclamaciones de los sindicatos contra el recorte de los sueldos de los funcionarios no se limitan a la Audiencia Nacional. Tanto CCOO como UGT han solicitado al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad. Además, diversos altos funcionarios, entre los que se incluyen jueces y magistrados, han formulado la misma petición a título individual. Fuentes sindicales esperan que la actual titular, María Luisa Cava de Llano, tome una decisión antes de finales de mes.

1. Un recurso similar

Cuando el Gobierno de Aznar decidió en 1996 congelar el sueldo de los funcionarios, los sindicatos presentaron un recurso similar a los de ahora ante la Audiencia Nacional.

2. Un fallo a favor

La Audiencia falló en 2000 que los sindicatos tenían razón y anuló la decisión del Gobierno del PP. La sentencia declaró el derecho de los funcionarios a percibir el incremento previsto en 1997, más las cantidades dejadas de percibir durante los años sucesivos.

3. Y el Tribunal Supremo decide en contra

El Gobierno de Aznar recurrió entonces la decisión al Supremo, que finalmente, en 2002, revocó la sentencia de la Audiencia Nacional y restableció la congelación salarial. El Estado se ahorró así el pago de alrededor de 3.000 millones de euros. 

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