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Recurren el archivo de la causa a Garzón por los cursos de Nueva York

Reprochan que el juez haya archivado la causa una vez conseguida "la cabeza de Garzón" por las escuchas de la Gürtel. El fiscal general defiende que Garzón no cometió delito

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Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que se querellaron contra Baltasar Garzón por el patrocinio de los cursos que impartió en Nueva York entre 2005 y 2005, han recurrido este martes ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa por prescripción decretado ayer, lunes, por el magistrado Manuel Marchena.

Los letrados, que han presentado un recurso de reforma y otro de apelación ante la sala segunda, dicen que Marchena da la impresión de que 'buscaba la cabeza de Garzón' y de que 'cuando la ha tenido' por la condena por las escuchas del caso Gürtel , ha archivado la causa que investigaba el patrocinio que cinco empresas españolas dieron a sus conferencias en la Universidad de Nueva York.

Esta posición contrasta con la del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Torres-Dulce defendió que el hasta ahora juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no cometió un delito de cohecho impropio.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Fiscalía General, Torres-Dulce se remitió a la postura que ha llevado en el caso el Ministerio Público de la Sala de lo Penal del TS y puso de manifiesto que 'los hechos no se consideraban constitutivos del delito por el que estaba imputado Garzón'.

Torres-Dulce mostró también su 'satisfacción' ante la decisión del alto tribunal de atender a la prescripción de la causa, también defendida por los fiscales del TS.

En cuanto a la condena impuesta al juez por autorizar escuchas a los imputados de la Gürtel Torres-Dulce afirmó que la Fiscalía estudia en estos momentos si recurrirá la decisión.

En los recursos, los querellantes insisten en pedir la apertura de juicio oral a Garzón por los delitos de prevaricación y cohecho propio al considerar que no ha existido prescripción, sino que Marchena la ha 'inventado' y que, 'de existir, le compromete a él gravemente a título personal como juez por el retardo intencionado en no acordarla'.

Asimismo, consideran que el auto de archivo 'ha herido de muerte la sentencia de las escuchas', ya que 'proporciona munición jurídica' a Garzón en su lucha por sostener que el tribunal que le ha condenado no tenía una composición imparcial, ya que Marchena formaba parte de dicha sala al tiempo que instruía el caso relacionado con los cursos que impartió en Nueva York.

'Ahora el querellado puede sostener con cierto fundamento que han podido existir canales o vasos comunicantes entre esta instrucción y las circunstancias de su enjuiciamiento en las escuchas', afirman.

Panea y Mazón denuncian además que Marchena ha archivado la causa a petición del fiscal sin escuchar a la acusación y que ha invadido competencias del tribunal de enjuiciamiento, que es a quien compete resolver sobre la prescripción, según la propia jurisprudencia del Supremo.

También califican de 'insostenible' e 'irregular' que el instructor aplique a Garzón la reforma penal del 2010 que introduce un computo de la prescripción mas beneficioso para el acusado, pero en cambio no le aplique el plazo de 5 años que introduce la misma, sino el plazo de la anterior regulación.

En este sentido, vuelven a resaltar que no puede existir prescripción cuando Garzón cobró cantidades del Centro de Seguridad de la Universidad de Nueva York, el centro cuyos pagos el propio auto de Marchena vincula con los patrocinios de empresas españolas a sus cursos, en junio de 2006, y que recibió el sueldo de ese mes.

Por último, acusan al instructor de instrumentalizar a la acusación popular, que ellos ejercían, 'forzándoles a mantener unos niveles de actividad altísimos' y 'a sabiendas de que tras la condena por las escuchas del caso Gürtel se iba a adoptar una solución 'sui generis' y 'patentemente arbitraria' de archivar el caso.

'Usando una expresión popular podría decirse que hemos sido utilizados como 'tontos útiles', aunque a nuestro modo de ver el auto se pasa de listo e infringe los límites de los deberes profesionales de lo admisible como interpretación de las normas e incluso el deber de buena fe', afirman los abogados querellantes.