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Referéndum catalán Rajoy pide dictamen urgente al Consejo de Estado tras la reforma del Parlament

El Parlament catalán ha aprobado este miércoles una modificación de su reglamento que facilita la tramitación exprés del referéndum del 1-O

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Puigdemont, hace unos días en un acto en Barcelona. EFE/Marta Pérez

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado este miércoles dictamen urgente al Consejo de Estado tras aprobar el Parlamento de Cataluña una reforma para tramitar por la vía urgente las leyes de desconexión, según han informado fuentes de Moncloa.

Según recuerda el Gobierno, esta modificación permitirá la tramitación por el procedimiento de lectura única de disposiciones legales y podría ser utilizado para aprobar las leyes del referéndum y de transitoriedad, "sin ningún tipo de debate y sin la posibilidad de presentar enmiendas".

En concreto, el Parlamento catalán ha dado luz verde con los 72 votos de JxSí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó y pese al rechazo del resto de grupos (63 votos) la reforma del reglamento de la Cámara que permitirá a los dos partidos independentistas aprobar por el mecanismo de lectura única --el procedimiento de máxima urgencia-- la ley del referéndum del 1 de octubre y las conocidas como leyes de 'desconexión'.

La reforma permite aprobar leyes en un solo día

Con esta reforma, JxSí y la CUP se aseguran poder aprobar leyes de forma urgente solo con sus votos y pese a que lo rechacen el resto de grupos de la Cámara: este mecanismo permite aprobar leyes con un solo debate y en un solo día.

Los partidos de la oposición consideran que las dos formaciones independentistas quieren aprobar las leyes soberanistas por este sistema para dar el mínimo margen posible de maniobra al Gobierno central para impugnarlas.

Ante este paso, Rajoy ha solicitado dictamen urgente del Consejo de Estado en relación con al artículo 135.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en la redacción dada por la modificación aprobada por el Pleno de la Cámara autonómica este miércoles.

El Gobierno del PP quiere recabar la opinión del máximo órgano consultivo antes de tomar decisiones futuras, ya que, ese informe podría servir de base para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, según han indicado fuentes del Ejecutivo.