La espita abierta por la propuesta de reforma constitucional para blindar un marco de estabilidad presupuestaria ha detonado en una explosión de reivindicaciones paralelas que piden que la Constitución se abra a otras modificaciones ajenas a este mandato.

'Una Constitución que hasta ayer parecía intocable e inmutable, de la noche a la mañana resulta que es posible reformar', introdujo en su blog el líder del PNV, Iñigo Urkullu para prologar la intención de su grupo de pedir una modificación más ambiciosa: 'Ante esta oportunidad histórica, el PNV ha tomado la decisión de proponer una reforma que planteamos como una medida política profunda que propicie una solución de futuro pactada y duradera al contencioso vasco'.

La propuesta se asienta en la resolución a favor de la autodoterminación aprobada por el Parlamento vasco en 1990, que arranca con la reivindicación del derecho del pueblo vasco 'para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural'. 'Tenemos nuestra propia idea de lo que sería conveniente retocar', corroboró el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, en relación a esta 'aspiración máxima'.

Desde Catalunya, el consejero de Interior, Felip Puig, rechazó esta propuesta del PNV de introducir el derecho de autodeterminación en el texto: 'No deberíamos dejarnos liar con reformas constitucionales, sino cada vez tener más claro que el del derecho a decidir no vendrá de la Constitución, una artimaña legal ni una negociación en Madrid'.

El derecho a la autodeterminación no es la única ambición territorial que se cruzó en el camino de la propuesta de Zapatero. 'El Gobierno de Canarias ha acordado solicitar que se tenga en cuenta en esta reforma el respeto a las singularidades canarias su régimen económico especial justificado por la lejanía de las islas contempladas en la Constitución', anunció el presidente del Ejecutivo insular, Paulino Rivero.

Si socialistas y conservadores desoyen esta demanda en Madrid, Rivero advirtió de que el PSOE canario y su partido, Coalición Canaria gobiernan en coalición, llevarán esta reivindicación al Parlamento regional para que la eleve al Congreso.

Los presidentes de Murcia y el País Valencià reclamaron mientras tanto que la futura reforma garantice un principio de igualdad en la financiación de todas las comunidades autónomas, mientras que otro territorio gobernado por los conservadores, La Rioja, coincidió con los socialistas haciendo hincapié en la necesidad de adoptar una fórmula flexible para la reforma.