Quienes nacimos en España después de la muerte del general Franco y con la Transición consolidada aprendimos, a fuerza de escucharlo y leerlo hasta el hartazgo, que la democracia consistía en un conjunto de normas y procedimientos que ordenaban la convivencia bajo la dirección de un gobierno que hacía valer el 'interés general'. Uno de los legados fundamentales de la construcción de la democracia española en la Transición es la concepción de la democracia como consenso y la satanización del conflicto social, además de la delegación de la actividad política en las élites (partidos y sindicatos, fundamentalmente).

Desde el 15 de mayo de este año, mi generación ha descubierto (y otras han recordado), que el momento de mayor participación política de nuestras vidas, de máxima expresión democrática, lo hemos construido a base de visibilizar en las calles los conflictos sociales, de asambleas, de fórmulas participativas y de negarnos a seguir delegando la gestión de la cosa pública en las élites políticas, protagonizando una verdadera 'primavera democrática'.

Ayer 28 de agosto, varios miles de personas (menos que en otras convocatorias, pero muchísimos siendo agosto y domingo), salimos a la calle en la primera de las manifestaciones que van a celebrarse contra la propuesta de Rajoy y Zapatero de satisfacer a los mercados, mecanismo mil veces repetido en los últimos tres años y que el Movimiento 15-M ya denomina 'Régimen', constitucionalizando un techo de gasto público del Estado. La propuesta de consagrar en la cúspide de la jerarquía normativa de la legislación una medida de cariz neoliberal y hacerlo sin pedir el refrendo popular, se sitúa en el punto más lejano posible de lo que las demandas populares han venido manifestando en los últimos meses. Si l@s indignad@s han venido proponiendo un modelo de democracia participativa y de oposición a las medidas neoliberales de salida de la crisis, PP y PSOE ofrecen ahora dos tazas de autoritarismo y sometimiento a las demandas de los mercados.

La salida de la crisis que proponen y practican los partidos mayoritarios, cada día está más enfrentada con las demandas populares de democracia y redistribución de las rentas y sitúa el escenario político en una solución a la griega, con políticas de ajuste aplicadas de espaldas a las manifestaciones de una ciudadanía crecientemente movilizada.

Más allá del resultado de las elecciones del 20-N, de las que se espera un gobierno de la derecha y un batacazo del PSOE, el desarrollo de los acontecimientos augura un 'otoño caliente' plagado de movilizaciones y protestas que seguirán erosionando la legitimidad de unas instituciones que, de forma cada día más evidente, gobiernan de espaldas a la ciudadanía. La sensación de que elegir entre el rojo del PSOE y el azul del PP no esconde muchas más diferencias que hacerlo entre una lata de Coca-Cola y una de Pepsi, abre un abanico de posibilidades para que del 'otoño caliente' surjan nuevas fórmulas de articulación de las mayorías sociales de izquierda en este país que garanticen, en el medio plazo, un modelo de democracia participativa en el que los representantes políticos gobiernen de acuerdo con los deseos de sus electores y no de intereses privados o de organismos supranacionales cuyos mecanismos democráticos brillan por su ausencia.

Urge lanzar una propuesta de apertura de un proceso constituyente de un bloque social con capacidad de convertir las grietas que hoy se atisban en el poder político en una ruptura de las clases populares con quienes han venido interpretando el 'interés general' como cosa idéntica al interés de los poderosos y la democracia como un ente monolítico lleno de procedimientos y vacío de contenido y debate político de calado. Para ello no basta con una sopa de letras, ya conocidas y también erosionadas por el hartazgo popular, sino que se requiere un compromiso de apertura de espacios democráticos y participativos que canalicen y articulen las demandas de los últimos meses. Lo contrario sería desaprovechar una oportunidad histórica, acaso la mejor que vivirá la generación precaria.

Ramón Espinar Merino es investigador en el departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Fundación CEPS y de Juventud sin Futuro.