El primer plazo fijado por el Congreso para instar al PSOE y al PP a pactar las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional que le corresponde designar concluirá mañana sin señales de consenso. 'No hay ningún tipo de acuerdo sobre ningún tema ni sobre ningún nombre', zanjó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dando fe del desencuentro.

El presidente de la Cámara, José Bono, apremió a los dos partidos mayoritarios a llegar a un acuerdo antes del 15 de diciembre para permitir que la renovación se acometa antes de fin de año y se vote en el último pleno de diciembre. El mandato de tres de los magistrados que deben ser renovados finalizó el 8 de noviembre. El relevo del cuarto, Roberto García Calvo, se arrastra desde su fallecimiento, en mayo de 2008.

Socialistas y conservadores admiten no tener acuerdo en vísperas de la fecha fijada por Bono como primer plazo. 'No me consta que esté cerrado', admite una fuente del Ejecutivo conocedora de la negociación. Los socialistas achacan al PP el retraso. Su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, asegura que el PSOE está en disposición de aportar ya los dos candidatos que le corresponde proponer.

El PP, mientras tanto, amaga con la candidatura del ex portavoz conservador del Consejo General del Poder Judicial Enrique López, rechazado en el Senado por incumplir los requisitos que se exigen a los miembros del TC. Los conservadores se escudan en la flexibilidad del plazo impuesto por el Congreso, que no es imperativo.

El PSOE se reserva sus propuestas hasta conocer las del PP. El constitucionalista Eliseo Aja, presidente del Consell de Garanties Estatutàries catalán, suena con insistencia como fruto del acuerdo entre el president de Catalunya, José Montilla, y el jefe del Ejecutivo. El de la presidenta del Centro de Estudios Constitucionales, Paloma Biglino, es otro de los nombres que figuran en la baraja de opciones del Grupo Socialista.