El presidente del PP, Mariano Rajoy, confesó el jueves en Barcelona que conoce a gente que vive de las rentas, y expresó su preocupación por que, con la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio acordada ayer por el Gobierno, estos conocidos suyos tuvieran que vender sus bienes para poder pagar a Hacienda.

Se preocupa en exceso. La normativa fiscal ya suele imponer limitaciones para evitar que las obligaciones con Hacienda tengan un carácter confiscatorio. Y así pasa con el Impuesto sobre el Patrimonio. La ley de este tributo, que no ha sido modificada, contempla que la cantidad que un contribuyente debe pagar por los bienes que posee (acciones de empresas, títulos de deuda, inmuebles, depósitos bancarios, coches de lujo, joyas, yates y otros bienes suntuarios), sumada a la de la Renta, no puede superar el 60% de su base imponible (la cantidad sobre la que se aplican los tipos impositivos) en el IRPF. Si se excede, lo que el conocido de Rajoy tenga que pagar al fisco por su patrimonio se va reduciendo hasta alcanzar el citado límite.

700.000 personas declaran rentas del capital de más de 60.000 euros

No obstante, esa reducción no puede suponer que deja de pagar más del 80% de lo que le correspondería. Dicho de otra manera, a pesar de las limitaciones, al menos tendrá que pagar un 20% del impuesto.

Es una fórmula complicada, pero posiblemente le debería bastar a Rajoy para estar más tranquilo sobre su conocido, pues esa regla funcionaba ya también en los años del Gobierno del PP (la redacción de la ley, que todavía se mantiene, es de 1991).

Otra cosa es si son muchos o pocos los que, como esos conocidos del líder del PP, pueden vivir de las rentas.

Los rendimientos del ahorro tributan menos que el tipo más bajo del IRPF

Popularmente se entiende que una persona vive de las rentas cuando sus ingresos no son de una nómina o una retribución por una actividad o trabajo concreto, sino que proceden de lo que generan sus bienes o sus inversiones. Las estadísticas del IRPF permiten, al menos en líneas generales, determinar de cuántas personas se trata y cuantos impuestos pagan.

Hasta 2007, los ingresos por el trabajo y casi todas las rentas se sumaban a la hora de pagar el Impuesto sobre la Renta. Desde ese año, el impuesto trata de manera distinta a los ingresos que proceden del trabajo y a los que vienen de lo ahora que la ley del impuesto llama el ahorro, pero que generalmente se conoce como las rentas del capital: los dividendos, los intereses de las cuentas, los seguros, o las plusvalías por las ventas de acciones o inmuebles. En el primer caso, los tipos van del 24% al 45%, mientras que el caso del ahorro, el gravamen es del 19%, o del 21% si la renta obtenida supera los 6.000 euros.

Una regla en Patrimonio pone un límite al pago del impuesto

Primera diferencia, pues: los que viven de las rentas pagan al fisco menos que un mileurista. ¿Y cuántos son? Los últimos datos de la Agencia Tributaria (correspondientes al año 2009) muestran que 12,7 millones de personas incluyeron en su declaración de la Renta rendimientos del capital. Pero sólo un 5% de estos contribuyentes, unas 696.054 personas, declaraban unos ingresos superiores a los 60.000 euros. Una cantidad que puede considerarse suficiente para vivir, si se tiene en cuenta, además, que el sueldo medio, según Hacienda también, se situaba ese año en los 18.500 euros.

Hay otra manera de vivir de las rentas. Esto es, de las que pagan los inquilinos de las viviendas en alquiler. En este caso, las estadísticas de Hacienda no permiten afinar mucho para averiguar cuántas personas pueden vivir de lo que reciben mensualmente de los inmuebles que tienen arrendados.

Estas cantidades no se incluyen en las rentas del ahorro, sino que se suman a las que se obtienen por el trabajo o por actividades económicas, pero se declaran en una casilla aparte, para que Hacienda los tenga identificados. Según los últimos datos, 1,5 millones de personas declararon ingresos por alquileres de pisos, pero estos datos no aparecen desagregados por tramos de renta, por lo que no es posible determinar cuántos obtienen ingresos suficientes para vivir sólo de los arrendamientos.

Por una cuestión de política de vivienda, para fomentar el alquiler, la ley del IRPF concede a estos ingresos un trato favorable: si se trata de alquilar una vivienda, y no una oficina, el arrendador sólo paga por el 40% de la renta, y si los inquilinos son jóvenes (menores de 30 años), no tiene que pagar nada.

No sabemos si las rentas del conocido de Rajoy proceden de los intereses de unas inversiones, de una cuenta bancaria o de pisos en alquiler. No dio más detalles. Sólo dijo que lo 'ha heredado'.

Algunos analistas vienen cuestionando también la tributación de las herencias. Sobre ellas se aplica el Impuesto sobre Sucesiones, que es otra figura fiscal sobre las que las autonomías tienen competencias normativas. A mediados de la década pasada, las comunidades del PP, con Madrid a la cabeza, iniciaron una espiral de recortes a la baja en este impuesto, abriendo una etapa de competencia fiscal entre las autonomías. Al final, la mayoría de las regiones conservadoras introdujeron bonificaciones en el impuesto de entre el 94% y el 99%, especialmente dentro del círculo familiar más cercano.

Los fiscalistas más progresistas abogan por que el Estado recupere las competencias en este tributo, para recuperar su equidad.