La retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares infectados con VIH tendrá como consecuencia un aumento de los nuevos casos entre un 10 y un 20 % anual, ha dicho hoy el doctor José Antonio Pérez-Molina, del hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Pérez-Molina ha hecho esta consideración en la presentación del estudio de GESIDA sobre la evaluación del impacto del nuevo marco legal sanitario en el control del VIH, que concluye que entre 1.800 a 3.220 pacientes ya diagnosticados podrían quedar desatendidos, de los que entre un 70-80 % están en estos momentos con tratamiento antirretroviral.

'El ahorro en gastos de tratamiento se verá mermado por el coste de hospitalización', asegura un especialista

El doctor Federico Pulido, del hospital La Paz de Madrid, coautor del estudio, ha asegurado que el ahorro directo en gastos de tratamiento (estimado entre 12 y 21 millones de euros), se verá mermado entre 6,5 y 11,7 millones de euros, debido a el coste de hospitalización. 'No habrá ahorro porque se gastará más en ingresos', concluyó.

Por este motivo, la medida tendrá también efectos negativos desde el punto de vista económico, al elevar la tasa de ingresos y reingresos a niveles de finales de los años 80, cuando aún no existían los tratamientos antirretrovirales de los que se dispone actualmente.

Los doctores han señalado que, a pesar de que el real decreto ha entrado en vigor el 1 de septiembre, 'todavía no conocen' que esta medida se haya aplicado en sus hospitales y aseguran que aún no se le ha negado tratamiento en sus centros a ningún paciente.

Para Pulido es necesario que se aclare 'por la vía legal' la situación de 'indefinición' actual , porque no saben si no se les va a aplicar el real decreto a este colectivo y ha defendido que en estos pacientes 'hay que favorecer el tratamiento a toda persona con infección de VIH', como ordenan la OMS y la ONU.

A partir del primer año, la tasa de mortalidad entre los inmigrantes con VIH se elevará hasta niveles de los 90, según el estudio

Según el estudio, a partir del primer año, la falta de atención y el tratamiento a los inmigrantes irregulares, elevará la tasa de mortalidad en este colectivo a niveles de los años 90. Es decir, entre 12 y 15 pacientes al año.

Además, las consecuencias sanitarias negativas no se limitarán al colectivo directamente afectado, sino que se extenderían al resto de la ciudadanía y en general a todo el Sistema Público de Salud, como consecuencia del incremento de la transmisión del virus, ya que no se ha tenido en cuenta que la nuevas infecciones no tendrán diagnostico precoz.

El informe alerta de que la medida supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, sobre todo, en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando, así, los gastos sanitarios a medio y largo plazo.

El presidente de GESIDA (Grupo de Estudio del SIDA), Pere Domingo, y el secretario, Juan Berenguer, han explicado las 'graves' consecuencias sanitarias de este real decreto a los portavoces de los grupos parlamentarios, y en el mismo sentido han enviado una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato.

El presidente de SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica), Álvaro Pascual, ha señalado que este estudio se podría extrapolar a otras enfermedades infecciosas.