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Sánchez-Camacho, molesta con Wert por no explicarle la reforma educativa

La líder del Partido Popular catalán le mostrará sus quejas en la reunión que mantendrán hoy o mañana

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Ni siquiera en el propio seno del PP se conocían los planes del ministro de Educación, José Ignacio Wert. Una de las afectadas, sobre todo en lo referente a los planes de Wert con respecto a la lengua catalana, es la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho. La líder de los conservadores catalanes ha mostrado su descontento con las formas del ministro y ha adelantado que en la reunión que mantendrá con él hoy o mañana le trasladará su queja por 'no haber hablado con el PPC' antes de enviar el anteproyecto de Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa a las autonomías.

En rueda de prensa, ha asegurado que 'hubiera sido mejor' que el ministro hubiera consultado a los populares catalanes antes de presentar a las comunidades autónomas el anteproyecto de ley, con lo que se podrían haber mejorado algunos aspectos del texto, a su juicio. Y asegura que no tuvo conocimiento del borrador de la LOMCE 'hasta que fue publicado'.

Camacho ha explicado que sí hubo reuniones previas con el partido en las que se exploraba la reforma desde el punto de vista 'técnico', pero que en ellas no se abordó el contenido final del borrador que se entregó a los responsables de Educación de las autonomías.

Sin embargo, tanto la líder del PP catalán como el vicesecretario de Acción Política del partido, Enric Millo, defendieron hace una semana que el Gobierno no les informase sobre el contenido de la reforma antes de publicarla y se limitaron a señalar que propondrían algunas enmiendas al texto.

Camacho ha explicado que en su encuentro con Wert tratará de puntualizar algunos aspectos del borrador, incorporando mejoras que permitan 'dejar claro el papel de las lenguas vehiculares' y defendiendo el diálogo con aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales.

Uno de los aspectos que desde el PP catalán se observan más controvertidos es la propuesta de que las autonomías sufraguen la educación privada de aquellos alumnos que no cuenten con una oferta pública o concertada de enseñanza en castellano, puesto que cuestionan su viabilidad económica.