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Sanciones más duras contra la pornografía y el abuso de menores

La UE apremia a los estados

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El Parlamento Europeo aprobó ayer por amplia mayoría una normativa contra los abusos sexuales a menores que incluye la obligación para los Estados miembros de retirar rápidamente las páginas web que contengan pornografía infantil. Esta legislación prevé que, si la página web está alojada fuera de la UE, el país bloquee el acceso a su contenido lo antes posible y ofrezca garantías de protección, informa Efe.

De este modo, los diputados dieron el visto bueno a la normativa europea contra el abuso y la pornografía infantil ya acordada previamente por los países de la UE y que incluye un endurecimiento de las penas para estos delitos en los países europeos que, a diferencia de España, no tienen penas que Bruselas considera adecuadas.

El texto establece sanciones mínimas para cerca de 20 delitos, con castigos estrictos en el caso de abusos por parte de personas que convivan con el niño o que están en posición de confianza o autoridad, como miembros de la familia o profesores. Delitos como la coacción y el uso de la fuerza contra un menor para que practique sexo o se prostituya tendrán que ser castigados con penas de al menos diez años de cárcel, una tipificación con la que ya está en regla el Código Penal español.

El capítulo más novedoso de la nueva normativa es la persecución del abuso y la pornografía infantil en internet. Se estima que cada día se publican en la web unas 200 imágenes relacionadas con esa materia.

Además de la publicación de material pornográfico con menores involucrados, se persigue la práctica consistente en establecer lazos de amistad con un niño a través de internet para abusar sexualmente de él (fenómeno conocido como grooming), que pasará a ser tipificada como delito en toda la UE, al igual que el turismo sexual infantil.

Esta normativa entrará en vigor en cuanto sea publicada en el diario oficial de la UE, al día siguiente de que sea refrendada de nuevo por los Estados comunitarios. Los países tendrán dos años para transponer a su legislación los aspectos de la misma que todavía no cumplan.