Publicado:  08.08.2012 08:31 | Actualizado:  08.08.2012 08:31

La sanidad pública cobrará a los sin papeles más que un seguro privado

Los extranjeros que no coticen tendrán que abonar 710 euros al año a cambio de asistencia médica. Los mayores de 65 años pagarán 1.864 euros

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El Gobierno ha vuelto a abrir la puerta de la sanidad pública a los imigrantes sin papeles, aunque lo ha hecho a un precio que será difícilmente asumible para uno de los colectivos más vulnerables del país. Los extranjeros que se encuentran en España y no coticen a la Seguridad Social tendrán que pagar una cuota mensual de casi 60 euros para recibir una cobertura completa en el Sistema Nacional de Salud.

El diario El País adelantó ayer que la cantidad a pagar por aquellos extranjeros que no coticen y que quieran ser atendidos en hospitales y centros de salud públicos ascenderá a los 710,40 euros al año, lo que equivale a 59,20 euros mensuales, algo que parece difícilmente asumible para personas que no tengan contrato ni ayudas públicas. Desde los 65 años en adelante el panorama sería aún más agresivo, ya que el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales, es decir, 155,40 al mes.

Los sin papeles tendrán que pagar 710 euros a Sanidad y los mayores de 65 años hasta 1.864 euros

De este modo, la cuota para recibir una cobertura sanitaria pública sería más cara que la de muchos seguros privados de salud. Una persona sana de 35 años y residente en Madrid —según el comparador de seguros Acierto.com— podría contratar un seguro de Allianz por 32 euros, que incluiría cobertura dental, preparación al parto, estudio de fertilidad, operaciones como vasectomía y ligadura de trompas. Por 39 euros, aseguradoras como Sanitas incluirían transplantes de médula y córnea. Axa añadiría otros transplantes como el de corazón, hígado, riñón y pulmón por 54 euros, todavía por debajo del precio al que obligaría el sistema de salud público por la atención médica.

Fuentes de Sanidad han subrayado que se trata de convenios que no están pensados específicamente para los inmigrantes irregulares, sino para españoles "rentistas" que nunca han trabajado, para europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español y para otros extranjeros que durante su estancia en España quieran esa cobertura total por el sistema público. Sin embargo, los sin papeles son el colectivo más vulnerable.

Detalle de la comparativa de precios de seguros privados que ofrece Acierto.com

Las medidas planteadas por el Gobierno han suscitado las críticas de los partidos de la oposición —PSOE e IU— mientras que el PP ha valorado los pasos que se den para que España deje de ser un "paraíso" de la inmigración ilegal. Así lo ha manifestado el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha instado a los 'sin papeles' a volver a sus lugares de origen.

El popular Rafale Hernando ha instado a los sin papeles a volver a sus lugares de origen

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha asegurado que su partido está "absolutamente en contra" de que se cobre esta cuota. En el mismo sentido, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha acusado al Ejecutivo de "criminalizar" a los inmigrantes y de tratar de hacerles responsables de un, a su juicio, "inexistente" despilfarro en la sanidad.

El Ministerio ha insistido en un comunicado en que "todos los ciudadanos" tendrán garantizada su asistencia básica: urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años, al tiempo que ha recordado a los 'sin papeles' "la necesidad de que regularicen su situación".

La Organización Médica Colegial (OMC) ha defendido que todos los inmigrantes sean atendidos por la sanidad pública por motivos deontológicos, de prevención de enfermedades y económicos. "Nuestra obligación ética es atender a todos los ciudadanos y entendemos que el sistema sanitario publico abarca a todos los que residen en este país", ha declarado el secretario general de la OMC, Serafín Romero.

"Más vale que estén al amparo de la sanidad pública que no estén atendidos por otros mecanismos"

Romero ha indicado que no son los médicos quienes tienen que entrar a comentar cómo se garantiza el acceso a la sanidad pública, pero ha indicado el asunto de la inmigración ilegal se está trasladando al ámbito sanitario cuando debería estar en el de Interior. "Si se deja de atender a una población ilegal, que está en situación de exclusión social y sanitaria, pueden originarse problemas sanitarios por ser portadores de algún proceso infeccioso", ha comentado.

Además, quien no tuviera derecho a la asistencia estaría retrasando el acudir a los centros sanitarios aunque tuviera un problema real de salud, lo que causaría también más costes económicos a la larga por falta de prevención. "Más vale que estén bajo el amparo de la sanidad publica que no estén atendidos por otros mecanismos", ha señalado en alusión a las ONG o la posibilidad de hacer un 'seguro', aparte que no se sabe de dónde van a sacar el dinero esas personas, ha comentado, si están en situación precaria.

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