Canarias es la autonomía que peor aplica la Ley de Dependencia. Así lo denuncia el V dictamen del Observatorio de la Dependencia, cuya elaboración concluyó ayer la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que se reunió en Alcorcón (Madrid).

El observatorio, que elabora un informe cada semestre, suspende a seis autonomías y a Ceuta y Melilla, al considerar que no implantan la normativa como deberían. Canarias obtiene la menor puntuación, 0,5 puntos sobre 10. Le siguen Madrid y la Comunitat Valenciana, con un 2; y Murcia, Extremadura, Baleares y Ceuta y Melilla, con 3,5 puntos.

Una cuarentena de representantes de la asociación de toda España puntuaron la implantación de la norma basándose en 12 parámetros, como el número de personas que se beneficia de la ley respecto a la población total en cada autonomía y las que están a la espera de recibirlas. También tienen en cuenta, por ejemplo, la aportación de cada comunidad autónoma por habitante y año y el equilibrio entre prestaciones y servicios.

Otras cuatro autonomías se sitúan en un nivel 'aceptable'. Cantabria obtiene 6,5 puntos; Catalunya y Galicia, 5,5; y Asturias, 5. 'Deben mejorar, pero están dentro de la media', explicó el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. También destacó que, pese las dificultades de aplicación, la nota media estatal ha mejorado, pasando de una media de 4,97 en el dictamen del pasado mes de enero a un 5,44 en el informe presentado ayer.

Un total de siete comunidades destacan por gestionar las ayudas con mayor celeridad y eficiencia que la media estatal. Castilla-La Mancha, Euskadi, Castilla y León y Aragón obtienen un 8,5; Andalucía y La Rioja, un 8, y Navarra, un 7.

Ramírez recordó que aún hay 242.194 personas en 'el limbo de la dependencia', es decir, que no reciben la ayuda aunque les corresponde. Esto significa que un 30% de las personas con derecho reconocido a una ayuda aún la espera. La asociación también denunció que el 57% de los dependientes recibe una ayuda económica, cuando la ley nació precisamente con el afán de evitar que las familias soporten el cuidado, potenciando los servicios como residencias y centros de día.