Publicado: 02.12.2015 13:34 |Actualizado: 02.12.2015 13:34

El senador Goioaga lleva al TS los documentos para demostrar "la falsedad" de las acusaciones de integración en ETA

Además, se le investiga por financiación del terrorismo, contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales.

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El senador Iñaki Goioaga - EFE .

El senador Iñaki Goioaga - EFE .

MADRID.- El miembro de Bildu y senador de Amaiur Iñaki Goioaga ha aportado este miércoles al Tribunal Supremo documentación que, según ha asegurado, acredita "la falsedad" de varias de las imputaciones en su contra. El abogado, al que se investiga por presuntos delitos de integración terrorista, financiación del terrorismo, contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales, ha declarado en el alto tribunal por su condición de aforado en relación con la causa en la que la Audiencia Nacional investiga el frente de cárceles de ETA.

Según ha declarado a los medios a su salida del tribunal, durante el interrogatorio, que se ha prolongado durante algo más de media hora y tras el que ha quedado en libertad y sin la imposición de medidas cautelares, se ha ratificado "en el trabajo jurídico profesional" que realiza como letrada. "Seguiré haciéndolo con total normalidad en defensa de los intereses jurídicos de mis defendidos" ha dicho.



"Se constata precisamente la infamia de la imputación y de las falsedades", ha asegurado y ha precisado que los documentos aportados desmontarían las imputaciones relativas a los delitos contra seguridad social como otra serie de delitos de tipo económico.

Goioaga llegó al alto tribunal a primera hora de la mañana acompañado de su abogada, Jone Goiricelaia, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu y varios familiares y amigos. Ha respondido a las preguntas del magistrado Miguel Colmenero y del representante de la Fiscalía del Supremo.

El procedimiento contra Goioaga, que es senador a propuesta del Parlamento Vasco, se abrió el pasado 20 de septiembre en el Supremo a petición de la Audiencia Nacional. En la exposición razonada que remitió el juez instructor, Eloy Velasco, éste destacaba que el miembro de Bildu estaba integrado, "con especial relevancia", en una estructura del frente de cárceles formada por abogados que, "aprovechando su actividad profesional de asistencia letrada, ejercen sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista".

El alto tribunal señaló en el auto por el que asumió la investigación, dada su condición de aforado, que la exposición de la Audiencia Nacional describe en detalle toda una serie de indicios de los que se puede inferir que pertenece al llamado Colectivo de Abogados BL, dentro del cual realizaría distintas funciones, tales como rondas o visitas planificadas a los presos de ETA o asistencia a distintas reuniones.

Otros imputados

En la causa que instruye Velasco hay otros 44 imputados, entre ellos los abogados Arantza Zulueta, Kepa Mancisidor, Ainhoa Baglietto y Alfonso Zenon, quienes se encargaban de la defensa legal de los presos "anteponiendo los intereses de ETA" a los de carácter personal, participaban en su adoctrinamiento político, facilitaban información sobre su situación a la dirección de la banda y les trasladaban sus directrices, según la investigación.

La instrucción realizada hasta ahora, según ya dijo el Supremo, aportan indicios relevantes de la posible existencia de una serie de organizaciones sectoriales, como el Colectivo de Abogados BL, pergeñadas por el conocido como Frente de Cárceles KT, y cuya finalidad sería realizar funciones de control y cohesión de los presos pertenecientes a dicha organización criminal, como a aquellas otras de la llamada izquierda abertzale, integradas en el Colectivo de Presos Políticos Vascos.

De los documentos que obran en la causa se puede inferir, según el auto dictado en septiembre por el Tribunal Supremo, que "la labor jurídica del colectivo al que pertenece Goioaga está supeditada a la labor política descrita".

También subrayaba que hay datos que apuntarían que los gastos de la asistencia jurídica a los miembros del EPPK tendrían su origen en Herrira, que está suspendida de sus funciones, y que el valor de los servicios prestados por el colectivo de abogados, en 2012 y 2013, no habrían sido declarados a Hacienda.