PSE y Gobierno Vasco han valorado positivamente hoy la sentencia que condena a cuatro guardias civiles por torturas a los etarras que volaron la T-4 de Barajas. Por su parte, la izquierda abertzale ha valorado la condena, aunque asegura que se trata de una 'excepción'.

El secretario general del PSE-EE en el Parlamento Vasco, Oscar Rodríguez, ha valorado la decisión del tribunal en una entrada en su blog. Rodríguez ha calificado de 'repugnante' que cuatro guardias civiles torturasen a los dos etarras y ha recordado que 'el artículo 15 de la Constitución proclama que nadie, en ningún caso, puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes'.

En este sentido, ha dicho que es 'una buena noticia' que se haya condenado a quienes ha quedado 'demostrado' que torturaron, cuatro agentes, mientras que 'otros once han sido absueltos', ya que eso revela que 'ningún delito queda impune'.

En similares términos se ha expresado el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, quien ha expresado su respeto a la actuación de la Justicia y ha considerado que las condenas impuestas a cuatro guardias civiles por torturas graves y lesiones a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola en el año 2008, pone de manifiesto 'el buen funcionamiento del Estado de Derecho, que actúa con contundencia cada vez que se acredita la comisión de delitos, sea quien sea el autor y la víctima'.

'Es necesario derribar ese muro de impunidad que protege a los torturadores'

Este caso, ha añadido en un comunicado el titular vasco de Interior, 'demuestra que la Justicia funciona y que nadie se puede escapar de su aplicación'.

Por su parte, la izquierda abertzale ha afirmado que aunque la condena es 'es positiva', aunque supone 'una excepción' frente a la 'impunidad con que se desarrolla la práctica habitual de la tortura, amparada por el régimen de incomuncación'.

En su opinión la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 'viene a corroborar la utilización de la tortura por parte de las diferentes policías que operan en Euskal Herria'. Además, la antigua Batasuna ha destacado en una nota que este mismo año 'decenas de personas detenidas han denunciado torturas'. Por ello, ha reclamado que 'es necesario erradicar la tortura, es necesario derribar ese muro de impunidad que protege a los torturadores'.

La condena impuesta hoy por la Audiencia de Guipúzcoa a cuatro guardias civiles por torturar tras su detención en 2008 a los etarras Igor Portu y Martín Sarasola es la primera por este motivo a miembros del instituto armado en casi una década.

La última condena por torturas a miembros de ETA se produjo el 24 de julio de 2001, cuando la Audiencia de Vizcaya condenó a siete guardias civiles del cuartel bilbaíno de La Salve a penas de entre cuatro meses y un año y medio de prisión y entre cuatro y veinte años de inhabilitación por delitos de torturas cometidos durante una operación contra ETA en Amorebieta (Vizcaya) en 1980.

Tres años después, en enero de 2004, el Tribunal Supremo absolvió a cuatro de los condenados y rebajó la pena a los otros (tres meses de arresto para uno y un mes para los otros dos). También fue absuelto otro guardia civil que había sido inicialmente condenado por no denunciar las torturas.

La última condena a guardias civiles por tortura fue en Vizcaya en 2001El 5 de marzo de 1999, un capitán y un teniente fueron condenados a 18 meses de cárcel y 18 años de inhabilitación, cada uno, por torturar al etarra Juan Ramón Rojo González y a los presuntos colaboradores Francisco Palacios y Xabier Arriaga tras la desarticuación del 'comando Vizcaya' en 1992.

Dos años antes, el 10 de noviembre de 1997, la Audiencia Provincial de Vizcaya condenó a tres guardias civiles a cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación, cada uno, por torturar al etarra Kepa Urra después de su detención en Basauri (Vizcaya) en 1992. El Tribunal Supremo rebajó la condena de prisión a un año.

En 1992, la Audiencia Provincial de San Sebastián condenó a un sargento y a cuatro cabos a dos años y seis meses de cárcel y veintisiete de inhabilitación por torturar al presunto etarra Joaquín Olano en 1983, cuando fue detenido en San Sebastián. El Tribunal Supremo confirmó la condena en febrero de 1994.

El 21 de noviembre de 1990, la Audiencia Provincial de Bilbao condenó a nueve guardias civiles en relación con las torturas infligidas a Tomás Linaza Euba, padre de un presunto etarra, después de que fuera detenido en 1981 en Lemona (Vizcaya).

Uno de los agentes fue condenado a seis años y un día de prisión por un delito de falsedad en documento oficial con el objetivo de encubrir las torturas, además de seis años de inhabilitación. Dos compañeros suyos fueron condenados a siete meses de arresto mayor y siete años y un día de inhabilitación por dos delitos de tortura; y los otros seis guardias civiles fueron inhabilitados durante seis años y un día por encubrir las torturas.