Publicado: 21.11.2013 13:03 |Actualizado: 21.11.2013 13:03

Siete meses de cárcel para Sánchez-Gordillo por ocupar la finca militar de Las Turquillas

El tribunal acepta la petición fiscal. Diego Cañamero, secretario general del SAT, recibe el mismo castigo. Los dos tendrán que pagar, además, sendas multas de 1.200 euros y otros 760 euros al ministerio de Defensa por da&

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al diputado autonómico Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) a siete meses de cárcel y una multa de 1.200 euros por la ocupación en verano de 2012 de la finca militar sevillana Las Turquillas.

El fallo judicial, notificado este jueves, considera al también alcalde de Marinaleda autor de un delito de usurpación de inmueble y de otro de desobediencia grave a la autoridad e impone estas mismas penas al portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero.

El alto tribunal andaluz, con sede en Granada, absuelve a ambos del delito de daños del que también estaban acusados, pero los condena, junto a otros tres procesados, a que indemnicen por vía de responsabilidad civil al Ministerio de Defensa en 760 euros por los daños y perjuicios causados, así como por los gastos de limpieza en la finca.

La Fiscalía Superior andaluza pedía siete meses de cárcel para Sánchez Gordillo (IU) por un delito de desobediencia grave, mientras que la Abogacía del Estado le pedía dos años de prisión y la defensa interesó la libre absolución al entender que los hechos no tenían relevancia penal.

El portavoz del SAT, Diego Cañamero, ha asegurado este jueves que les han condenado por reivindicar el uso social de la finca militar Las Turquillas, lo que asegura que ha pedido el Senado, el Parlamento andaluz, la Diputación de Sevilla y varios ayuntamientos.

Cañamero afirma en un comunicado que el 10 de febrero de 2010, el PP presentó y aprobó en la Comisión de Defensa del Senado una moción en la que pedía al Ministerio de Defensa que cediera "la totalidad de la finca para los objetivos laborales y sociales previstos por el Ayuntamiento de Osuna a fin de combatir la alta tasa de paro que sufre la comarca".

En la defensa de la moción, el senador del PP Miguel Arauz dijo que Las Turquillas "sólo da trabajo a 10 o 12 personas cuando, de acuerdo con los planes municipales, se podrían crear 800 puestos de trabajo", según el dirigente sindical. Arauz rubricó su intervención denunciando el uso de "uno de los grandes latifundios de Andalucía en manos del Estado, básicamente, para cobrar las subvenciones de la Política Agraria Común, la PAC", según Cañamero..

Sin embargo, "el PP, ahora en el Gobierno, nos dio la razón en 2010. Ahora nos reprime. Se nos condena por reivindicar lo que los parlamentos aprobaron. No es justo ni democrático. Se pretende, una vez más, criminalizar la protesta pacífica y la ley de seguridad ciudadana que promueve el PP es una demostración de esto".

"¿Se pretende legalizar un estado policial? ¿Se pretende callar la voz de la calle? ¿Se pretende reducir la democracia a votar cada cuatro años? ¿No tiene importancia lo que se vota en los parlamentos? Da la impresión que estamos ante una sentencia política dictada de antemano", lamenta el dirigente del SAT.

Izquierda Unida ha calificado como "injusta" la condena dictada  por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra Juan Manuel Sánchez Gordillo por "reivindicar el uso social de la tierra".

IU muestra en un comunicado su "rechazo" a "una sentencia profundamente injusta producto de la persecución a aquellos que reivindican un uso social de la tierra pública", como es el caso de la finca Las Turquillas, propiedad del Estado y de la que el Ministerio de Defensa sólo usa 20 de sus 1.200 hectáreas.

Todos los partidos políticos, incluido el PP, han apoyado que la finca pase al Ayuntamiento de Osuna para darle un uso social y fomentar la creación de empleo en la comarca de la Sierra Sur sevillana, recuerda IU.

Esta formación política ha mostrado su "solidaridad con los compañeros del SAT y de IU condenados en una estrategia de represión que busca criminalizar a los movimientos sociales que defienden los derechos de los trabajadores, que son los que están soportando sobre sus espaldas las consecuencias de la crisis económica".

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que condena a Sánchez-Gordillo y Diego Cañamero by publico2013