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El Supremo decidirá si se abre juicio por falsificación contra un conselleiro de Feijóo

Está acusado de certificar la finalización de obras públicas que no se habían llevado a cabo

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El Tribunal Supremo decidirá el día 15 si ordena abrir juicio por un supuesto delito de falsificación de documento público contra el conselleiro de Política Territorial del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP), Agustín Hernández. Si lo hace, desautorizará la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que optó por su archivo el pasado abril. El Alto Tribunal atiende así un recurso presentado por los socialistas gallegos (PSdeG) que contaba con el respaldo de la Fiscalía. El Ministerio Público llegó a calificar la decisión del TSXG de 'error claro'.

El caso gira en torno a la responsabilidad de Hernández, titular del departamento encargado de las obras públicas de la Xunta, en relación con la emisión de certificaciones de finalización de obras que resultaron ser falsas. Los hechos encausados se remontan a finales de 2008, cuando Hernández, entonces responsable de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, certificó con su firma la conclusión de unas obras viarias que en realidad apenas acababan de iniciarse.

El montante total de los trabajos superaba los 800.000 euros y la empresa que resultó beneficiada era una constructora a la que el ahora conselleiro había estado vinculado laboralmente con anterioridad.

El Alto Tribunal ha señalado el próximo 15 de noviembre para decidir si ordena al TSXG el inicio del juicio oral contra él.

Hernández, por su parte, se limitó ayer a apuntar su deseo de someterse a la decisión de los jueces, aunque recordó que, hasta la fecha, el único auto existente el del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoge que las actuaciones fueron 'en defensa del interés público'. 'Lo dije desde el primer momento: es un tema al que no dedico ni un minuto de mi tiempo', señaló, para después insistir en que el Superior de Galicia recoge de forma 'muy clara' que las certificaciones contaron 'con la confor-midad del Ministerio Fiscal'.

Hernández siempre ha defendido que supone una 'práctica habitual' la certificación del fin de obras que todavía no han sido rematadas para 'cumplir con el plazo para recibir una subvención', aunque Núñez Feijóo llegó a admitir que se trataba de una 'actuación poco brillante'.