Publicado:  10.08.2012 07:32 | Actualizado:  10.08.2012 07:32

El Supremo se equivoca con Garzón

El alto tribunal calcula un año más de condena al juez al no descontar el periodo de suspensión cautelar por la causa contra el franquismo, por la que fue absuelto

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Baltasar Garzón cumplirá su condena de inhabilitación como juez en mayo de 2021 y no en abril de 2022, como inicialmente estableció el Supremo. El alto tribunal se confundió en casi un año, en perjuicio de Garzón, al hacer su liquidación de condena, ya que no descontó de la pena de inhabilitación el tiempo en que el juez estuvo suspendido cautelarmente de funciones en la causa por prevaricación que se le abrió en relación a la investigación de los crímenes del franquismo, en la que fue finalmente absuelto.

El pasado 16 de mayo, la Sala que había condenado en febrero de este año a Garzón por las escuchas del "caso Gürtel"estableció que cumplía su pena de 11 años de inhabilitación el 3 de abril de 2022. En el mismo auto tuvo por ejecutada la pérdida de la condición de magistrado del condenado --expulsión de la carrera judicial--, así como el pago de la multa de 2.520 euros de multa impuesta al inculpado.

La representación del juez ha alegado ante el tribunal que dicha liquidación de condena es incorrecta, al no computar que desde el 14 de mayo de 2010 ya estaba suspendido en sus funciones de juez por el Consejo General del Poder Judicial, tras ser inculpado por delito de prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo, causa en la que finalmente fue absuelto. Posteriormente, en abril de 2011, el CGPJ le volvió a suspender --sin efectos prácticos, al estar ya suspendido-- por la apertura de juicio oral contra él por la escuchas del 'caso Gürtel'. 

El Supremo no tuvo en cuenta la primera suspensión, y liquidó la condena para el 3 de abril de 2022. Sin embargo, ante la alegación de Garzón, todo apunta a que revisará su resolución y establecerá que la pena concluye en mayo de 2021, ya que el juez estuvo suspendido de forma efectiva y sin solución de continuidad hasta su condena desde mayo de 2010, según destacan fuentes jurídicas.

El juez ha sido condenado a pagar además, como costas procesales, los gastos del procurador del principal encausado en el "caso Gürtel", Francisco Correa, por importe de 482,26 euros.

El nuevo cómputo de la condena a Garzón le favorece en un año, de modo que podrá volver a la judicatura con 65 años de edad en vez de con 66 (nació en octubre de 1955). Es una diferencia muy pequeña, aunque también podría prosperar el recurso de amparo que ha planteado ante el Tribunal Constitucional, o el que eventualmente eleve al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además, el Ministerio de Justicia está tramitando desde el pasado mes de junio una petición de indulto reclamada para él por una asociación de magistrados europeos.

El departamento de Alberto Ruiz-Gallardón tendrá que recabar un informe de la Fiscalía del Supremo y del tribunal sentenciador, y a continuación elevar una propuesta sobre el indulto al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra.

El ex juez Garzón puede esperar en ese sentido algún gesto del papa Benedicto XVI, a tenor de los antecedentes de gobiernos del PP en esta materia. En mayo de 2003, el Ejecutivo de José María Aznar indultó al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño alegando la petición mundial de perdón realizada, con motivo del jubileo de aquel año, por Juan Pablo II, entonces sumo pontífice. El Gobierno incluyó la medida de gracia en un paquete junto a otras 1.400. Gómez de Liaño había sido condenado a 15 años de inhabilitación por el Supremo por prevaricar en la instrucción del denominado caso Sogecable, con pérdida de la condición de magistrado, pese a lo cual el Ejecutivo ordenó que la medida de gracia suponía su reintegro en la carrera judicial.

De momento, Garzón se ha establecido como abogado y actualmente coordina la defensa del responsable de Wikileaks, Julian Assange. En febrero de este año, el Supremo le condenó a 11 años de inhabilitación, con pérdida de la condición de magistrado, por prevaricación en las escuchas ordenadas a imputados y abogados del "caso Gürtel", en el que investigaba una trama de corrupción vinculada al Partido Popular.

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