El Tribunal Supremo investiga al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Joaquín Ortiz Blasco por asesorar a dos empresarios imputados en la trama de las ITV en Catalunya en los recursos interpuestos ante su Sala contra la concesión de nuevas estaciones de ITV.

En un auto notificado hoy, la Sala de lo Penal del TS se declara competente para investigar al magistrado, presidente de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, por un delito relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de los abusos en el ejercicio de su función, del artículo 441 del Código Penal. Según el auto, en el que se nombra instructor de esta causa al magistrado Miguel Colmenero, 'los indicios acumulados' por la instructora de la trama de las ITV y el fiscal 'parecen suficientes para proseguir la investigación de la posible participación del aforado' –dada su condición de magistrado– en el citado delito.

En su exposición razonada al Supremo, la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona relata que dos de los imputados, Ricard Puignou y Enric Marugán, participaron en 'negociaciones' con el magistrado 'en las que este realizaba asesoramiento en interés y al servicio de dichos particulares' en un recurso interpuesto por la empresa de ambos, Certerio ITV, ante la Sala que preside. El recurso iba dirigido contra la resolución del conseller de Innovación, Universidades y Empresa por la que se resolvió el concurso público para acceder a la autorización de nuevas estaciones de ITV en Catalunya prevista en el Plan Territorial aprobado por decreto por el Gobierno de la Generalitat en 2010. El magistrado intervino como ponente en la resolución de la pieza separada de medidas cautelares en la que, a instancia de Certio ITV, en mayo de 2011 se suspendió cautelarmente el citado concurso público. Como medida cautelar se fijó entonces una fianza de 200.000 euros, pero la resolución del recurso sigue 'estando pendiente'.

Según la juez, el magistrado también asesoró a estos dos imputados en un recurso de la empresa OCA contra un decreto de la Generalitat de 2010 por el que se aprobó el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Seguridad Industrial, así como contra otro decreto de desarrollo del anterior en el que se aprobaba el plan territorial de nuevas estaciones de ITV en Catalunya para el periodo 2010-2014. En ese recurso, en el que fue ponente Ortiz Blasco, aparecía Certio ITV como codemandada junto al Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat y otras cuatros empresas más.

Para la juez, Puignou, administrador de Certio, 'es un elemento imprescindible para conseguir los objetivos', principalmente el mantenimiento del recurso ante la sección que preside Ortiz Blasco contra 'el actual concurso, así como el mantenimiento de las medidas cautelares concedidas'. Para ello, Puignou 'con la colaboración' de Marugán, accionista de Certio, realiza una serie de movimientos que 'se concretan en particular en su contacto' con Ortiz Blasco para tratar de conseguir 'la fórmula más rápida y buena' para conseguir sus objetivos, 'indicando expresamente que no quiere realizar ninguna propuesta sin antes consultarla con la Sala para ver como la interpretan'.

Estos indicios se desprenden de las declaraciones de Puignou y Marugán, de las testificales de la directora general del gabinete jurídico de la Generalitat, Margarita Gil, y de la abogada-jefe del servicio jurídico Contencioso-Administrativo de la Generalitat, Assumpta Palau, y de las intervenciones telefónicas realizadas por la Unidad de Vigilancia Aduanera. En la investigación, que está bajo secreto de sumario, se trata de averiguar si la trama de empresarios y cargos de la Generalitat imputados trataron de influir para amañar en su beneficio el concurso de adjudicación de licencias para la revisión de vehículos que estaba impugnado.