El Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión cautelar del catálogo priorizado de medicamentos de la Xunta de Galicia, una medida que limita la financiación pública a aquellos medicamentos de menor precio de entre los incluidos en el nomenclátor del Sistema Nacional de Salud.

La suspensión fue consecuencia del recurso de inconstitucionalidad presentado en marzo por el Gobierno central contra esta disposición de la Xunta, que establece un catálogo de 34 fármacos de amplio uso y sus distintas presentaciones, cuya prescripción y dispensación debe ser prioritaria con el fin de reducir el gasto farmacéutico. El Gobierno recurrió el catálogo al entender que invade competencias estatales en materia de farmacia y rompe el principio de equidad en el acceso a los medicamentos, ya que en la práctica reduce la cartera de fármacos a disposición de los gallegos, dejando fuera más de 400 medicamentos.

Sin embargo, el Tribunal no aborda en su auto el fondo de la cuestión, esto es, si el catálogo es o no constitucional, sino sólo si debe mantenerse o no la suspensión cautelar de la medida. En este contexto, considera que prevalece el ahorro previsto por la Xunta, de unos nueve millones mensuales, frente a los argumentos del abogado del Estado de que el catálogo puede provocar perjuicios en la salud de los pacientes por cambios en la medicación o limitaciones en la libertad de prescripción del médico.

Así, tras señalar que el abogado del Estado no ha aportado datos que prueben que la aplicación del catálogo gallego supone 'una reducción de la calidad y eficacia de la prestación farmacéutica', el tribunal recuerda que 'la sostenibilidad del sistema sanitario público impone a todos los poderes públicos la necesidad de adoptar medidas de racionalización y contención del gasto farmacéutico'.

La Xunta afirma que Galicia está 'en la senda de la sostenibilidad'

En este contexto, el Constitucional entiende que los nueve millones mensuales de ahorro previstos por la Xunta son una cifra 'suficientemente ilustrativa de los efectos que, sobre la reducción de la denominada factura farmacéutica y la correlativa sostenibilidad del sistema público sanitario, puede producir la aplicación de la disposición ahora suspendida, efecto tanto más relevante si se toma en consideración el contexto de crisis económica y financiera que está actualmente afectando a nuestro país'.

En este sentido, la conselleira de Sanidade de la Xunta de Galicia, Pilar Farjas (PP), que mostró ayer su satisfacción por el auto, explicó que 'la Xunta ha tomado siempre las decisiones poniendo por encima los intereses públicos'. Farjas señaló que la decisión judicial da muestras de que Galicia se encuentra 'en la senda de la sostenibilidad del sistema sanitario público' y criticó al Gobierno por 'no saber colocarse del lado de los intereses de la sanidad pública'.

Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad se rechaza el argumento del ahorro que esgrime la Xunta. En concreto, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, explicó ayer a este diario que, con el catálogo suspendido, la aplicación en Galicia de las medidas de ahorro aprobadas por el Gobierno central y, en particular, los nuevos precios de referencia han permitido reducir en 32 millones de euros la factura farmacéutica gallega de marzo a mayo, una cifra superior a la que se hubiera conseguido con el catálogo priorizado [unos 27 millones].

El PSdeG cree que el catálogo 'discrimina' a los gallegos

La ministra Leire Pajín, por su parte, indicó que el Ministerio acata la decisión judicial, que 'no es que le dé la razón' [a la Xunta], y añadió que tiene previsto 'analizarla', informa Europa Press. Y es que, según fuentes de Sanidad, no sería descartable que el Gobierno volviera a pedir la suspensión del catálogo si, una vez en marcha, se demuestra que causa perjuicios a los pacientes.

Por otro lado, el hecho de que las medidas estatales hayan permitido un ahorro de 411 millones de marzo a mayo en todo el Sistema Nacional de Salud hace pensar a Sanidad que la decisión del Constitucional no suponga el pistoletazo de salida para que otras autonomías aprueben catálogos similares de medicamentos. 'Esperemos que se imponga el sentido común; se trata de ahorrar lo máximo posible en toda España y sin generar desigualdades', añadió Martínez Olmos.

No obstante, algunas comunidades además de Galicia ya han venido aplicando distintas medidas, si bien de forma más discreta, para recortar el gasto farmacéutico. Así, Castilla-La Mancha anunciaba recientemente la retirada de 147 fármacos del sistema de receta electrónica, lo que en la práctica redundará en la desviación de la prescripción hacia fármacos más baratos, mientras en el País Vasco y Cantabria hay medicamentos de marca que pierden su denominación una vez que llegan a la receta electrónica con el mismo fin de ahorro.

En Galicia, el BNG, al igual que Farjas, se felicitó por la decisión del Constitucional. Los nacionalistas gallegos, que en todo momento reclamaron el levantamiento de la suspensión cautelar del catálogo, entienden que de esta forma se confirma que la medida 'no ponía en peligro ningún derecho' de atención sanitaria a la ciudadanía. La portavoz de Sanidad del Bloque, Ana Luisa Bouza, precisó que 'no es de recibo que se pague más por un fármaco que es igual que otro, aunque más barato'.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada, pidió en cambio a la Xunta que retire 'definitivamente' el catálogo y que aplique las medidas de ahorro auspiciadas por el Ministerio de Sanidad, ya que, a su juicio, permiten un mayor ahorro. A su juicio, la política que permite contener el gasto es la impulsada desde el Ejecutivo central. 'Todas las comunidades ahorran, pero sólo a los gallegos se les retiran de la prescripción 400 medicamentos, lo que es claramente discriminatorio', censuró.

Desde la plataforma SOS Sanidade Pública, su portavoz, Manuel Martín, defendió el empleo de los genéricos 'porque supone racionalizar el gasto', aunque criticó que la Xunta no consensuara la elaboración del catálogo con 'la industria farmacéutica, con los profesionales y con el Gobierno central, que es el que tiene las competencias'. 'La Administración [gallega] cometió errores por querer apuntarse un tanto y, lo que es peor, parece que el ahorro en que se ha incurrido es muy similar al de otras comunidades autónomas en las que no existe tal catálogo', apuntó Martín.

La patronal Farmaindustria, que este mismo mes destapaba una deuda de las autonomías con los laboratorios de más de 5.000 millones, pidió ayer al PP 'sentido de Estado' para que medidas como el catálogo gallego no hagan peligrar la equidad del sistema sanitario. 'Espero y deseo que el PP, que en este momento tiene la superioridad en las comunidades autónomas, tenga el sentido de Estado que hace falta' para garantizar la cohesión y la equidad, dijo su presidente, Jordi Ramentol. En cuanto al fallo del TC, Farmaindustria recuerda que aún no hay una decisión final y considera que el catálogo 'claramente vulnera competencias' del Estado.