La Ley de Violencia de Género, la de Igualdad, la que regula el Tribunal Constitucional, la de la consulta de Ibarretxe... Son los argumentos hechos públicos ayer por el Pleno del Tribunal Constitucional para salir al paso de “las informaciones y declaraciones aparecidas en diversos medios de comunicación en relación con la tramitación del recurso de inconstitucionalidad” presentado contra el Estatuto de Catalunya.

La sorprendente nota informativa acordada por el alto tribunal de forma unánime –algo que tampoco es habitual– no se dirige específicamente contra nadie, pero es fácil deducir que responde a la entrevista que el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Federico Trillo, concedió al diario La Razón.

En ella, Trillo afirmaba que “el TC está en condiciones de producir una sentencia [sobre el Estatut] desde hace más de cinco meses”. Previamente había dicho que “el retraso es culpable e imputable directamente a la presidenta, María Emilia Casas”, que se había comprometido con él mismo a darle una tramitación prioritaria.

Trillo, que es jurídico de la Armada y suele ser el encargado de preparar los recursos que el PP ha interpuesto contra las principales leyes del Gobierno durante la anterior legislatura, no debió darse cuenta de que sus palabras suponían una acusación encubierta de prevaricación contra Casas.

El artículo 449 del Código Penal castiga al “juez, magistrado o secretario judicial culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia” y precisa que “se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima”. Es decir, que o Casas prevaricó o Trillo pudo cometer un delito de calumnias, que consiste en imputar un delito “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

En cualquier caso, el TC ha decidido recordar cómo ha tramitado los siete recursos presentados contra el Estatuto de Catalunya y las impugnaciones que sí que ha resuelto, porque sus características obligaban a darles una respuesta “inaplazable”. Casualmente todos ellos, menos uno –el relativo al Estatuto Valenciano–, fueron presentados por el PP y solicitaban que fueran tramitados “por vía de urgencia”. Entre ellos figuraba, incluso, el presentado por el partido de Mariano Rajoy contra la consulta de Ibarretxe, que se rechazó “por pérdida de objeto”, porque el Gobierno ya había impugnado la misma norma.

Y entre recurso y recurso, el Constitucional también menciona las recusaciones que ha tenido que resolver, en las que el PP ha llevado la iniciativa consiguiendo apartar a Pablo Pérez Tremps de la resolución del Estatuto catalán.