El Tribunal Constitucional ha amparado a un etarra condenado por los asesinatos del subteniente del Ejército Francisco Casanova y del concejal de UPN Tomás Caballero. El motivo es que la denuncia por torturas que presentó no fue investigada hasta el final. Se archivó cuando aún pervivían 'sospechas razonables acerca de la posible comisión de los hechos denunciados' y 'existían todavía medios de investigación disponibles para tratar de despejar, en el sentido que fuera, tales sospechas'.

La sentencia dada a conocerhoy, en la que se considera vulnerado el derecho de Alberto Viedma 'a la tutela judicial efectiva, en relación con su derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes', no es la primera dictada en este sentido por el alto tribunal. Las dos anteriores, de octubre y febrero, no tuvieron la repercusión de ésta, porque se trataba de delincuentes comunes.

En las tres, el Constitucional recuerda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 'especial deber de diligencia' que debe darse en estos casos. 'En estos supuestos, en los que el valor superior de la dignidad humana puede verse comprometido con motivo de la situación especial en la que el ciudadano se encuentra provisionalmente bajo la custodia física del Estado, es necesario acentuar las garantías', señala el TC.

Falta de veracidad

La sentencia hecha pública hoy, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps, señala que 'en efecto las sospechas de veracidad de los hechos denunciados' por Viedma 'pudieran no ser contundentes', porque se negó a ser reconocido por un médico forense cuando compareció ante el juez, pero 'eran suficientes para que debiera perseverarse en una indagación judicial'.

La resolución, que cuenta con el voto discrepante deJorge Rodríguez-Zapata, destaca que el detenido fue trasladado al hospital el primer día de su detención por sentir mareos. Presentaba taquicardia y se atribuyó su estado a la ansiedad que sufría.

Aunque el TC considera 'contradictorio' que se negara a un nuevo reconocimiento médico, cree que eso podría deberse a que su 'voluntad' estuviera 'condicionada por la intensa intimidación previa o por el miedo a verse sometido de nuevo a la custodia de los agresores'.
Viedma pidió los informes médicos que le realizaron y varias declaraciones, entre ellas la suya y la de los guardias civiles que le arrestaron.

Como conclusión, el TC también señala que 'puede resultar razonable que no se prosiga con una investigación que no aclara la inexistencia de los hechos denunciados, pero que, sin embargo, ha agotado los medios razonables y eficaces de investigación'.