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Telefónica afirma que Garzón no le pidió dinero

El responsable internacional de la empresa declara ante el Supremo por la causa abierta contra el juez

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Telefónica asegura que Garzón nunca se puso en contacto con ellos para pedir fondos a la entidad. Así lo ha manifestado el que fuera subdirector de Patrocinios de la empresa de telecomunicaciones y actual consejero delegado de Telefónica Internacional, José María Sanz-Magallón, ante el Tribunal Supremo donde ha declarado como testigo en la causa abierta contra el juez suspendido de la Audiencia Nacional , acusado de cohecho y prevaricación relacionados con la gestión de unos cursos impartidos en la Universidad de Nueva York entre los años 2005 y 2006.

Telefónica donó 200.000 dólares para financiar los citados cursos en 2005, aunque Sanz-Magallón ha explicado que la relación de los responsables del departamento de Patrocinios de la empresa con el centro académico norteamericano se remonta a 2002, llegando a donar incluso en una ocasión 1.150.000 dólares, por lo que a su juicio la cantidad destinada a los cursos del juez resulta 'irrisoria'.

Ha dicho además que él fue el responsable de este patrocinio completo, del que no dio cuenta ni al Consejo de Administración ni al presidente de la compañía, y ha reconocido que tras concederse el dinero no realizó un seguimiento sobre su uso, es decir, que no consta ningún documento en el que se acredite cómo se gastaron los 200.000 dólares donados al Centro de Derecho y Seguridad de la universidad neoyorkina.

Sanz-Magallón ha explicado ante el magistrado Manuel Marchena, instructor de la causa contra Garzón, que a Telefónica llegan anualmente unas 4.000 peticiones de patrocinio.

Seguidamente ha comparecido Loreto Pérez del Puerto, quien trabajaba bajo las órdenes de Sanz-Magallón y actualmente es directora de relaciones corporativas internacionales de la compañía. Se ha limitado a señalar que ella sólo tramitó el patrocinio, y que desconocía incluso la cantidad que se aportó finalmente para los cursos de Garzón.

Ayer, y en relación con esta misma causa, declaró como testigo el presidente del BBVA , Francisco González, quien manifestó que su entidad se aseguró de que la donación de 200.000 dólares que prestó en 2005 a la Universidad de Nueva York para financiar los cursos organizados por Baltasar Garzón sobre terrorismo, no irían destinados en ningún caso a pagar al juez.

El pasado martes, fue el ex presidente de Endesa Manuel Pizarro quien explicó a Marchena que él no fue quien ordenó la donación de 125.000 dólares que esta compañía realizó en 2006 al Centro de Derecho de la Universidad de Nueva York. Afirmó que él no se dedicaba a los patrocinios de la empresa, para lo que existía un departamento autónomo, y que nunca habló con el juez de estos asuntos.

Las declaraciones ordenadas por el magistrado proseguirán el próximo 27 de julio con la comparecencia, también como testigo, del responsable de Comunicación de Endesa, Gabriel Castro. Todas las comparecencias obedecen a la diligencia ordenada el pasado 10 de junio por Marchena solicitando diversa documentación a Endesa, BBVA, Telefónica y Caixa Catalunya, tras conocer que todas ellas podrían haber patrocinado cursos organizados por Garzón en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

El magistrado no citó ningún responsable de Caixa Catalunya, entidad que le hizo llegar un documento en el que asegura que, 'tras recabar de los departamentos de Contabilidad, Obra Social y Secretaría y Órganos de Gobierno' la información solicitada, puede asegurar que, 'salvo error u omisión', no se abonó 'ninguna cantidad' a la Universidad de Nueva York, al Centro Rey Juan Carlos I de España, el Centro de Derecho y Seguridad 'o a cualquier otro centro o dependencia de la mencionada Universidad', entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2007'.

Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, autores de la querella contra Garzón que tramita el Supremo, acusan al juez de haber recibido 302.000 euros del Santander para la organización de los cursos en Nueva York y después haber archivado, a su regreso a la Audiencia Nacional, una querella contra el presidente de esta entidad bancaria, Emilio Botín .