El empresario colombiano Miguel Uriel Hernández Chavarro declaró ayer por espacio de cuatro horas ante el juez del Tribunal Superior de Justicia Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel. Se comprometió a entregar documentos que esclarecerán las actividades económicas que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, desarrolló en Colombia y Venezuela.

Hernández Chavarro está considerado por los investigadores uno de los testaferros que Correa utilizaba en esos países para hacer negocios y adquirir propiedades en su nombre en Colombia, en concreto, en Cartagena de Indias. Se lo acusa de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Es una persona muy importante dentro de la estructura de Correa en el exterior, según la policía.

El juez lo acusa de tratar de legalizar la residencia de Correa en América

No es el único imputado que ha comparecido ante el juez Pedreira en los últimos meses por colaborar con los imputados en la trama a blanquear dinero. Recientemente también lo ha hecho Carmen Leonor Hallax, apodada La Bruja, que además ayudó presuntamente a Correa a obtener el permiso de residencia en un país suramericano.

La detención de Hernández Chavarro se produjo el miércoles en la calle Goya de Madrid. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo puso a disposición del juez, que decidió interrogarlo como imputado, pese a las reticencias de la Fiscalía Anticorrupción, más partidaria de que se le tomara declaración como testigo.

Hernández está imputado por blanqueo y delito fiscal

En informes policiales que constan en el sumario figura que Correa pidió ayuda a Hernández para tratar de conseguir un permiso que acreditara de alguna forma su residencia legal en un país de Suramérica. Según la policía, el último imputado en la causa 'se habría desplazado a Venezuela, entre otras cosas, para tal gestión, habiéndose reunido dicha persona con Hugo, el comandante', como indica el propio Correa'.

Hernández, de 48 años, es uno de los directores del Grupo Empresarial Energing, cuyo objeto principal es la comercialización de energía eléctrica y la promoción y desarrollo de productos asociados al sector eléctrico. La entidad tiene presencia en distintos países, como Colombia, Panamá, Estados Unidos y Venezuela.

Ha sido socio del ex vicepresidente de Repsol también imputado en el caso José Ramón Blanco Balín, quien se lo presentó a Correa para que ambos hicieran negocios juntos.

La colaboración entre ambos era mutua. De hecho, la policía ha encontrado indicios de que Hernández pidió a Correa que, a través de los también imputados Pablo Collado y Carlos Clemente Aguado que fue viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, mediase con el Ayuntamiento de Bogotá para que se nombrara a una persona determinada como gerente de la Empresa de Energía de dicha ciudad. En concreto, Hernández quería que ese puesto recayera en un tal Álvaro Villegas, pero su nombre no aparecía en la lista de candidatos con la que contaba el alcalde.

Este dato se lo dio Carlos Clemente Aguado a Correa el 19 de enero de 2009, 18 días antes de que estallara el escándalo con la detención del presunto cabecilla de la trama. Aguado, que era amigo de Yuri Chillán Reyes, secretario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se disponía a ir a la Comunidad de Madrid para recoger una medalla por los servicios prestados.

Hernández también pidió a Correa que la trama intercediese para cubrir una vacante que se iba a producir en la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento de la Secretaría de Infraestructuras.

El juez Antonio Pedreira tiene varias comisiones rogatorias cursadas a distintos países para tratar de recuperar el dinero del erario público presuntamente sustraído por la trama. La ayuda de Hernández puede ser crucial para lograrlo.